Desde Colombia
se pueden hacer varias lecturas sobre la diversidad cultural. Dos
fundamentales: una pasa por la necesidad de impulsar políticas culturales que respalden la declaración que
se va a discutir en la Unesco en octubre del presente año, en
la que se afirma, «por primera vez en el derecho internacional,
el derecho soberano de los países a tener sus propias políticas
culturales y el carácter específico de los bienes y servicios
culturales, es decir, que no sean sólo productos de mercado,
sujetos a las leyes del mercado»1. La segunda tiene que ver con
la urgente necesidad de preservar las culturas colombianas que hoy
son objeto de exterminio por parte de los actores de la guerra que
vive el país.
La diversidad cultural de Colombia tiene varias fuentes de gran riqueza:
cerca de 70 comunidades indígenas, buena parte de ellas con
idiomas propios, medicinas tradicionales de riqueza insustituible,
sistemas de pensamiento milenario, complejo y elaborado; comunidades
negras con raíces en África, con herencias religiosas
y musicales de incalculable valor; mestizos con tradiciones originadas
en diversos continentes, todo lo cual da como resultado un país
mestizo por excelencia, multiétnico y pluricultural.
Tal como lo señalan algunos pensadores, «La diversidad
cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias
religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el
arte, en la música, en la estructura social, en la selección
de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de
otros atributos de la sociedad humana»2.
La cultura no es sólo mercancía
Cada vez se abre camino con mayor fuerza en algunos ámbitos que
las manifestaciones y productos de la diversidad cultural no pueden medirse
ni tasarse con los mismos patrones de otros bienes de consumo.
La música, el cine, las series de televisión, las plantas,
las fiestas populares, las diversas formas de ver, entender y vivir el
mundo no deben dejarse simplemente en manos de las leyes del mercado,
que privilegian los productos y las formas de vivir de la cultura hegemónica
que, a través de gigantescos aparatos transnacionales de mercadeo
y difusión, impone su visión de cultura, sus concepciones
del mundo y de la vida. Canadá, España y Francia, entre
otros países, han dado fuertes peleas por la defensa de sus manifestaciones
culturales, frente a la aceitada maquinaria de las industrias culturales
estadounidenses.
A lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que los avances,
las transformaciones y el crecimiento de los pueblos están afincados
en buena parte en el intercambio cultural; que se valora la riqueza de
cada cultura al verla frente a otra; que los intercambios y fusiones
producen manifestaciones que de otra manera serían impensables,
como el jazz, la salsa, la moda, las recetas de cocina, las teorías
filosóficas, los cruces y desarrollos literarios, las producciones
cinematográficas, los montajes teatrales, los carnavales y las
fiestas populares, al igual que las invenciones de la ciencia y la tecnología.
Pero para que sean posibles estas fusiones e intercambios, se requiere
que permanezcan, se consoliden y se desarrollen las manifestaciones propias
de cada cultura. Si se dejan en manos del mercado, sólo sobrevivirá lo
que valoren esas leyes del mercado que potencian los productos de quienes
tienen mayor poder económico y mayor poder de llegar, por medio
de sus canales, a las más diversas regiones del planeta. Ellos
imponen las condiciones y, si les interesa algún producto de la
periferia, imponen las modificaciones necesarias para convertirlo en
lo que ellos consideran un producto fácil de vender. Pocos artistas
se atreven o logran mantener su estilo frente a las exigencias del mercado;
otros se convierten en mutantes que se pliegan a las exigencias de los
productores para conquistar mercados.
Es necesario, entonces, luchar por acuerdos que preserven la diversidad
cultural, privilegiando en cada país políticas que defiendan
la labor de creadores, culturas y manifestaciones propias, provenientes
de formas particulares de relacionarse y de habitar los territorios.
Periodismo
y consumo
Cada vez resulta más necesario hacer entender a los estados y
a los empresarios que la cultura tiene cualidades intrínsecas
que aportan elementos propios e identidad que no dan otros elementos
o productos, por más riqueza que posean. Voy a hablar de algunos
ejemplos de lo que más conozco: el periodismo.
A mediados de los años ochenta, cuando hacíamos el «Magazín
Dominical» de El Espectador, revista cultural que llegó a
tener 370.000 ejemplares semanales, uno de los directivos de la parte
administrativa del periódico, preocupado por los costos de la
revista y sin que le bastara que desde que reformamos el «Magazín» éste
había subido el tiraje dominical del periódico en 70.000
ejemplares, me llamó y muy serio me preguntó: «¿Cuál
es la importancia para el periódico de que se publique el “Magazín
Dominical”?». Le respondí: «No sé si
sea importante para usted que en este “Magazín”, hace
varias décadas, publicó su primer cuento un joven escritor
llamado Gabriel García Márquez». Y le dije que ese
era el mayor valor agregado que tenía El Espectador. Él
sonrió, al parecer comprensivamente, y no respondió nada,
pero un tiempo después El Espectador cerró definitivamente
su suplemento cultural, y luego sus ediciones diarias.
A los empresarios del periodismo, que en buena parte ya no son periodistas
sino sólo gerentes que responden a las leyes de la oferta y la
demanda, la cultura no les importa. Así se demuestre, como en
el caso de ese «Magazín», que además de todo
era rentable. Porque incluso, pese a que no dé pérdidas
y arroje alguna ganancia económica directa, no es prioritario
el periodismo de fondo, que investiga, reflexiona y tiene un manejo estético
del lenguaje; que abre caminos, aporta ideas, toma posiciones y se arriesga.
Lo que interesa es lo que dé mayor rentabilidad en el menor tiempo
posible; por eso se centran en lo superfluo, lo que sea fácil
de consumir: chismes, tetas, culos o el amarillismo. Son opciones de
vida y de trabajo, pero es triste ver al periodismo caer en la banalidad,
ver talento creativo desperdiciado y grandes empresas de comunicación
dedicadas simplemente a difundir la estupidez para ganar dinero. Todo
parece indicar que la mentada frase de la responsabilidad social del
periodismo con el país no existe para buena parte de los profesionales
y de los medios, y que el cacareado compromiso social de los sectores
dirigentes con la construcción de ciudadanos críticos,
pensantes, reflexivos y participantes es apenas un embeleco.
Más
allá del mercado
Volviendo al mercado, hay que insistir en que los productos culturales
no pueden estar sujetos solamente a sus leyes. Poniendo el ejemplo del
periodismo y de las revistas culturales, si para pautar en ellas sólo
se tomaran en cuenta los estándares de las publicaciones masivas
de consumo, no tendrían nada que hacer. Por eso cuando nos acercamos
a una empresa o nos remiten a las agencias de publicidad, y preguntan
que cuál es la penetración, que cuál es el tiraje,
de entrada les decimos que hablemos otro lenguaje, que en esos términos
no nos entendemos. Los bienes culturales hay que medirlos con otros parámetros.
Por fortuna hemos logrado que empresarios y funcionarios tomen en cuenta
el valor agregado de estas publicaciones, lo que circula por ellas, lo
que representan, el público al que llegan y la permanencia que
tienen en el universo de sus lectores. Hemos logrado que unos y otros
valoren el hecho de que sus empresas y entidades estén presentes
en este tipo de publicaciones, que tienden a convertirse en materiales
valiosos por su forma y su contenido, que no pierden valor con el tiempo
sino que lo ganan; que son objetos de colección que se cuidan.
Así hemos logrado existir.
Al parecer, de todos modos es necesario cuantificar los resultados de
las acciones culturales, aunque me quedan dudas y preguntas: si Eduardo
Zalamea Borda, quien estaba al frente del suplemento cultural de El Espectador
en la época en que García Márquez presentó su
primer cuento, «La tercera resignación», hubiera tenido
a su lado a un mercadotecnista que lo obligara a seguir los resultados
de las encuestas de medición de audiencias y mercados, quién
sabe si lo habría publicado y si habría seguido publicando
al entonces naciente escritor de Aracataca.
En definitiva, para cerrar este aparte, cabe recalcar que hemos aprendido
de experiencias propias y de otros países, y hemos logrado mostrar
a empresarios y funcionarios sensibles, y con visiones más amplias,
que invertir en cultura tiene sentido. Y hemos comenzado a manejar herramientas
de mercadeo que, sin dejar a un lado la identidad, orientación,
estética, espíritu crítico y profundo de estas revistas,
nos permiten llegar cada día más a un público que
buscamos en la red de múltiples ofertas del gran mercado.
En el caso de las revistas culturales, para el país es importante
que existan, porque frente a la muerte decretada de buena parte de los
suplementos culturales de la prensa y a la banalización creciente
de los medios masivos, nuestras publicaciones son el espacio para el
ensayo de fondo y el cuento, para las series de imágenes y la
poesía, para el pensamiento, la reflexión y la creación.
Incluso algunos estados han adoptado políticas para respaldar
las manifestaciones culturales que no son atractivas para el gran mercado.
Por ejemplo, en España las revistas culturales tienen un apoyo
estatal que les aporta una base, no para financiarse pero sí para
contribuir a su sobrevivencia.
Esto que ocurre en el campo del periodismo cultural lo podemos ver y
analizar en las demás áreas de la cultura y el arte.
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Aniquilación
de la diversidad
El otro aspecto relacionado con la diversidad cultural en el país
es más complejo y dramático. Tiene que ver con la aniquilación
sistemática de comunidades indígenas, campesinas y negras
por parte de los actores de la guerra, y con el asesinato selectivo de
líderes que ocurre en Colombia desde hace varias décadas.
Esa gran riqueza que representa la diversidad de culturas que pueblan
el territorio colombiano contrasta con la acción de guerreros
mesiánicos para quienes no existen límites éticos
ni humanistas; su objetivo, desde diversos frentes o posiciones, es imponer
a sangre y fuego su concepción del mundo. A su paso arrasan con
comunidades que, pese a todo, se organizan y resisten. Hablamos de los
tres actores armados de este conflicto: guerrillas, paramilitares y fuerzas
regulares del Estado.
Las guerrillas, que en sus comienzos fueron la respuesta a la intolerancia
y a la violencia ejercida por las elites sobre quien se atreviera a disputarles
el poder, desde los años ochenta entraron en un proceso de descomposición
que las llevó al secuestro, la extorsión, la financiación
a partir del tráfico de drogas y la intolerancia sobre todo lo
diferente, lo que las condujo al asesinato de dirigentes populares que
se oponen a sus políticas, a los bombardeos, a los atentados personales
y al arrasamiento de poblaciones campesinas, indígenas y negras.
Los paramilitares, nacidos en esos años ochenta de una funesta
alianza entre narcotraficantes, militares y empresarios del campo y las
ciudades, han basado su poder en la intimidación y el miedo, ganando
influencia a través de las masacres, el asesinato selectivo y
el desplazamiento de poblaciones enteras. Incluso sectores dirigentes
que durante años los apoyaron o se hicieron los de la vista gorda
frente al accionar paramilitar, hoy se muestran sorprendidos porque este
Frankenstein que contribuyeron a crear es un nuevo sector de poder, respaldado
por los dineros del narcotráfico y el miedo que producen sus sanguinarios
soldados, y se afianza cada vez más en el país como poder
hegemónico, asociado con sectores tradicionales de la dirigencia
que, con el fin de mantener sus privilegios, no dudan en consolidar estas
alianzas que dan como resultado la emergencia de una clase dirigente
más rapaz y con menos ética aún de la que ha gobernado
el país desde hace casi 200 años.
El tercer actor, el actual gobierno, no se queda atrás en sus
políticas mesiánicas, que lo llevan a descalificar a quienes
lo critican y a quienes se atreven a realizar acciones que enfrentan
sus políticas autoritarias. Ya en el año 2003, frente a
críticas de sectores intelectuales y defensores de los derechos
humanos plasmadas en el libro El embrujo autoritario, el presidente Uribe
habló de «escritores y politiqueros que finalmente le sirven
al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos
humanos»3.
Y meses antes de la masacre contra dirigentes de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, el presidente Uribe señaló,
el 7 de mayo del 2004: «San José de Apartadó es un
corredor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y algunos
dirigentes de la Comunidad de Paz de San José, conjuntamente con
las organizaciones internacionales acompañantes, están
obstruyendo la justicia»4.
Luego de la masacre —en la que a comienzos de febrero del 2005
asesinaron a ocho campesinos, entre ellos un niño de escasos dos
años de edad, cuya cabeza se desprendió del cuerpo por
efecto de un garrotazo—, de la cual los propios habitantes de la
región sindican a miembros de las fuerzas armadas del Estado5,
no hubo rectificación del gobierno, ni siquiera pésame
para los familiares de los asesinados, sino que, por el contrario, continuó denunciando
sus supuestos nexos con la guerrilla6, envió fuerzas regulares
a la zona y prosiguió el hostigamiento y la persecución
contra los integrantes de esta comunidad de paz7, que sólo pide
que los actores del conflicto, cualesquiera que sean, no se entrometan
en su territorio y en sus asuntos.
Cabe señalar que si hago énfasis en datos relacionados
con el actual gobierno es porque al presidente Uribe Vélez se
le eligió democráticamente para gobernar el país,
bajo el mandato de defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos,
no de un sector de ellos. Y que si lleva a cabo su política de
acabar la guerra con más guerra, que muchos no compartimos, tiene
por lo menos la obligación de ceñirse a la ley y a las
instituciones democráticas, y no puede o no debe hacer sindicaciones
a organizaciones populares o a líderes sin tener elementos legales
que las sustenten, y menos con el agravante de que sectores paramilitares
que simpatizan con él y del ejército que sigue sus órdenes,
pueden sentirse —o se sienten— con las manos libres para
actuar frente a las sindicaciones irresponsables lanzadas por el primer
mandatario y algunos de sus funcionarios y allegados. Hay que agregar
que dos periodistas críticos que hurgaron en el pasado del presidente
Uribe y sus relaciones con el narcotráfico han tenido que irse
del país por amenazas de muerte: Fernando Garavito, columnista
de El Espectador, y Daniel Coronell, columnista de la revista Semana
y director del informativo de televisión Noticias Uno, quien un
día antes de partir para su exilio dijo sobre el presidente Uribe: «Hay
unos aspectos de su pasado que él no ha aclarado suficientemente.
Y cada vez que alguien le pregunta sobre eso, entra en cólera
y criminaliza al que está preguntando, pero no responde»8.
Coronell investigó las amenazas y encontró que parte de
ellas —una en que le describían la rutina de su hija y de
cómo se la devolverían en pedacitos después de hacerle
lo que le iban a hacer— provenía del computador de Carlos
Náder Simmonds, un oscuro político relacionado con el narcotráfico,
amigo del presidente Uribe. Ante las denuncias, el presidente dijo sobre
Náder: «Es muy simpático, divertido, ha sido una
persona querida conmigo, con mis hijos, y mis hijos le han tenido cariño» (El
Espectador, 21 de agosto del 2005)
