ÁLVARO URIBE, NEOPOPULISTALAS - Ensayo de Cristina de la Torre

Una de las virtudes de este ensayo sobre la administración de Álvaro Uribe Vélez es que es un análisis de fondo, enmarcado en teorías, experiencias y pensadores de diversas épocas y corrientes. Su autora es investigadora y periodista con amplia trayectoria.

Versión para Número de un trabajo más amplio realizado para la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, de la que la autora es docente e investigadora.

Se ha dicho que la Constitución de 1991 produjo una revolución silenciosa. Y es verdad, pero fue una revolución en reversa. La democracia «participativa» y la implantación de una economía de mercado sacrificaron el Estado social para retornar al Estado liberal que acompañó el despegue del capitalismo anglosajón.
    El Estado social no nació en Colombia en 1991. Se inauguró con la Revolución en Marcha de López Pumarejo y se formalizó como tal en el reformismo cepalino de los años sesenta, cuyo momento emblemático fue la administración Lleras Restrepo.
    Cinco lustros después, el gobierno de César Gaviria entroniza el modelo neoliberal. En economía, con apertura comercial, libre movimiento de capitales, desmonte de las funciones socioeconómicas del Estado y obsesión por el equilibrio fiscal; en política, con acoso a las instancias de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, en aras de una democracia directa llamada a moralizar el ejercicio de la política.
    El Estado comunitario de Álvaro Uribe es un desarrollo de este modelo. Uribe representa con singular fidelidad la más reciente tendencia del populismo latinoamericano. Modalidad que se afirma, por un lado, sobre la democracia refrendaria, en cuyo auxilio acude el poder de los medios de información. La inclinación plebiscitaria de esta democracia participativa y directa se advierte en el referendo de 2003, en los consejos comunales de gobierno que el presidente encabeza cada semana y en la campaña por la reelección.
    Por otra parte, el neopopulismo adopta un modelo económico que, a diferencia del populismo redistributivo clásico, desindustrializa y concentra el ingreso cada día más. En el populismo clásico —fenómeno de largo aliento—, el Estado promueve el desarrollo e integra las masas a la política. Arraiga en países que se modernizan por la vía de la industrialización bajo la batuta de un líder carismático que olvida la función mediadora de instituciones y partidos, y traba relación directa con el pueblo.
    Aunque el populismo es policlasista, moviliza a las masas sobre un eje de confrontación pueblo-oligarquía. Con un discurso emocional, redentorista y maniqueo, la fascinación por el líder compensa las carencias de una ideología difusa y frágil.
    Como régimen de gobierno, el populismo es redistributivo, casi siempre dadivoso hasta comprometer la estabilidad de la economía, levanta la infraestructura del desarrollo y construye un imaginario nacionalista y democrático.El neopopulismo, en cambio, desdeña las instituciones de la democracia contemporánea, presume de antipolítico y busca nuevos escenarios de participación y decisión. Como gobierno «de opinión», el neopopulismo amasa su caudal electoral en la crítica del Estado social, de las fuerzas organizadas de la sociedad, de los órganos de representación popular y de la clase política. Los partidos se ven desplazados por liderazgos fabricados en los medios de comunicación. Por caudillos providenciales, sin ideología, manufacturados cuidadosamente por el marketing mediático, que crea la ilusión de una relación más directa y diáfana con la ciudadanía. Es la hora de las cruzadas moralizantes contra la corrupción y la politiquería, novel formato de la campaña de las elites tradicionales contra el clientelismo.
    Mientras el populismo amplía la participación del pueblo en la democracia, el neopopulismo coquetea con la dictadura plebiscitaria, o se reduce a una democracia delegataria: aquella que desmonta las instituciones o las manipula y extrema la concentración del poder1.
    La vieja dicotomía pueblo-oligarquía se reedita ahora como enfrentamiento del pueblo contra el Congreso, contra la clase política y las organizaciones obreras. El discurso populista, sus formas de representación y de acción política resultan expropiados por las elites conservadoras. Carlos Menem transforma el peronismo de «partido de los pobres» en «partido del orden». Se ha despojado al pueblo de su protagonismo, de su recurso expresivo por antonomasia, para constreñir la participación política a las limitaciones y deformidades de la democracia refrendaria.
    El populismo latinoamericano es contemporáneo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, mercados regulados y distribución progresiva del ingreso. Bases del crecimiento económico eran el incremento del empleo formal, la reforma agraria, el aumento de la masa de consumidores y la expansión de la seguridad social. Se consolida el Estado intervencionista y proteccionista2. Patrón de desarrollo bien distinto del actual, horro de planes o estrategias de desarrollo nacional, pues lo que rige es la agenda global. Vale decir, la que sirve a los países poderosos y a las empresas multinacionales.
   Al igual que en todo populismo, aquí aflora también la tentación autoritaria. Pero con Uribe no se manifiesta tanto en la política de seguridad democrática (como cierta ortodoxia irredimible lo quisiera) sino en iniciativas como la de reforma de la justicia, proyecto orientado a privatizar este poder, a supeditarlo a los designios del gobierno y a suprimir los derechos sociales y económicos de la ciudadanía.
    Comparar a Álvaro Uribe con Adolfo Hitler resulta tan desmesurado como declararlo figura incontrastable de la política universal, según expresión de su exministro del Interior, Fernando Londoño. Pero la batalla contra partidos, sindicatos y órganos de representación popular; el desprecio por el constitucionalismo y por las instituciones de representación y decisión política; la intolerancia hacia la opinión divergente; el ansia por concentrar todo el poder en su persona; la ofensiva contra la política y contra el Estado social a fuer de lucha contra la corrupción y la politiquería; el empeño en desactivar a la sociedad civil disolviéndola en un comunitarismo premoderno y en una opinión pública prefabricada por la propaganda, no hablan bien de un espíritu democrático.
    Y eso para no mencionar la porfía del presidente en mantener un modelo económico que ha disparado los índices de miseria en el país, mientras privilegia a elites empresariales indiferentes a la suerte de sus gentes. Y mientras tanto, abocado a su reelección inmediata, se permite acudir a un discurso «social» de inocultable intención electoral, pues no toca la médula de su política económica.
    Antes bien, en la filosofía del primer mandatario de someter las empresas del Estado «a los más exigentes indicadores de austeridad, productividad y competitividad», el ministro de Protección Social (!), Diego Palacios, ha promovido con gélida energía el cierre de hospitales públicos, por desorganizados, burocratizados y, sobre todo, porque no son competitivos ni rentables. Insólita versión de la socialdemocracia y, aun, del Estado liberal moderno, que a lo largo del último siglo veló, como cosa propia, por la salud y la vida de sus asociados. Así en Europa y Norteamérica desde el Estado de bienestar, como en Latinoamérica desde el Estado de compromiso.
    Consecuente con la consigna de derrotar a la guerrilla, que lo llevó al poder, Álvaro Uribe se fijó un propósito supremo: ganar la guerra. Por contraste con la infructuosa permisividad de su antecesor, la inmediata recuperación de la seguridad en las carreteras y la ofensiva del ejército contra las Farc obraron como un bálsamo en los colombianos. Sensación de seguridad y confianza en el futuro que se tradujo en índices de popularidad sin paralelo en nuestra historia reciente.
    Logro inaugural del gobierno sería el vuelco psicológico que el nuevo clima de seguridad produjo en la ciudadanía. Sin embargo, los cantos de victoria de los mandos militares sobre las guerrillas correspondían sobre todo a un repliegue estratégico de la insurgencia, pero ello bastaba para agigantar la imagen del presidente, en un pueblo saturado de violencia y anhelante de un mesías. Es allí donde radica el valor estratégico de la política de seguridad democrática.
    El otro ingrediente de su prestigio venía de la otra guerra: guerra de propaganda contra la clase política y contra el Estado burocrático, desde una posición de antipolítico recién confeccionada en su prolongada trayectoria como militante del Partido Liberal. La Providencia le concedía el descrédito de los partidos, del Congreso, de la administración pública, como trofeo y campo fértil donde pudiera florecer la redención de la patria contra la corrupción y la violencia.

    Y ponía también ante sus ojos la experiencia aleccionadora de los Fujimori, de los Menem, la arrebatadora seducción de sus éxitos entre la masa ignara, para implantar en Colombia el paradigma neopopulista.
Uribe adapta prácticas políticas del populismo clásico de Latinoamérica —aquí descritas— a los desarrollos manipulativos de la democracia directa, desde el comunitarismo y desde la movilización refrendaria de la opinión pública.
    A la par, conserva el modelo de libre mercado, lejos del perfil industrializador, nacionalista y redistributivo propio del populismo de (Getúlio) Vargas y Perón. Y es esta distancia la que le confiere al neopopulismo personalidad y fisonomía propias.
    En el origen del modelo económico están los consensos de Washington de 1989 y 1996. El último, condescendiente con la pobrecía, para atenuar la debacle causada por las primeras políticas de choque. Tono no ajeno a Uribe, quien en más de una ocasión ha sugerido la necesidad de «revisar la cartilla» del primer dogma. No obstante haber tomado medidas que se tradujeron en un respiro episódico de la economía en 2004, su margen de maniobra parece limitado. Por principio y convicción, sí, pero también por la cerrada alianza de su gobierno con la teocracia del presidente Bush. Y por la inflexibilidad de los pactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
    El neopopulismo —vaya paradoja— prolonga en la región la desigualdad económica y política que las dictaduras del cono sur habían consagrado. La diferencia será de grado, no de naturaleza.
    Con la economía de mercado vendrá la «nueva» democracia: la de mayorías ciudadanas ilustradas que se adueñan de su destino e imponen la voluntad general, por encima de aquellos a los que consideran grupos privilegiados de la sociedad reunidos en partidos y sindicatos para usurpar el poder público y fungir de representantes del pueblo en el parlamento. Es el triunfo de la democracia anglosajona sobre la «partidocracia», en países de montoneras hambreadas y desorganizadas, también, por esta democracia plebiscitaria y mediática. Postrera versión del arquetipo dictatorial de Latinoamérica, que combina autoritarismo con liberalismo económico.
    Si se exceptúan voces aisladas de crítica al neoliberalismo en Colombia durante la década de los noventa, diríase, grosso modo, que los ejecutores del modelo actuaron a sus anchas. Acaso por el impacto avasallador que el imperio del pensamiento único producía en Occidente. Y por la afinidad de la izquierda con el cuestionamiento del Estado «burocrático». Ligereza que hasta no hace mucho le impedía ver corrupción e ineficiencias también en la novel alternativa.
    El neopopulismo se emparenta con la «religión cívica» de Rousseau, y la escenifica en busca de impacto psicológico y político. Espectáculo mediático donde la imagen del líder suplanta a la idea y al programa. Cabalga sobre la democracia «participativa» y la antipolítica, en relación íntima con la modernización neoliberal. Cosecha en las crisis causadas por las primeras medidas de choque impuestas en el subcontinente por los organismos multilaterales de crédito. Además, diseña un discurso de asistencialismo social que no compromete la integridad del modelo económico.
    Se aparta de las instancias mediadoras de constitucionalismo liberal, en particular de los partidos políticos y de los órganos de representación popular. Pretextando lucha contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia de la administración pública, se propone desmontar el Estado social.
    Figura estelar del neopopulismo en la región es Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Su estilo de gobierno constituye un expresivo referente del estilo de gobierno del mandatario colombiano. Y este último será, tras los amagos de Gaitán y Rojas Pinilla, el primer populista verdadero de Colombia en el último siglo, aunque populista del nuevo tipo. Esto significa el renacimiento del caudillismo, en clave neoliberal3.
    Recuerda René Antonio Mayorga que Fujimori concibió un proyecto autoritario para entronizar en el Perú la economía de mercado, según los lineamientos de la banca multilateral. Para eliminar la oposición, clausuró el Congreso y sometió al ejecutivo los demás poderes públicos. La estabilización de la economía y la derrota de Sendero Luminoso le permitieron dar la batalla decisiva contra los partidos y las instituciones, apoyado en las fuerzas armadas, en los grupos económicos y en un elevado índice de popularidad.
    Mediante el procedimiento autoritario de hacer aprobar una nueva Constitución por plebiscito, pretendió entronizar una «nueva democracia», la directa, para consagrar «un régimen populista en lo político y neoliberal en lo económico»4. Y se entregó a buscar su reelección por vía plebiscitaria, con el fin de «asegurar la continuidad política necesaria para derrotar a la subversión y reinsertar definitivamente el país en la economía mundial».
    El ascendiente de Fujimori sobre la opinión le daba un amplio margen de autonomía personal y corría parejas con el descrédito de la «partidocracia». Pregonaba él los valores de honestidad, eficiencia y trabajo duro. Viajaba sin descanso por todo el territorio para canalizar el presupuesto nacional en consejos comunitarios, como dádiva personal a los de abajo. Entraba en contacto, de preferencia, con los sectores organizados débilmente.
    Todo ello desembocó en una enorme concentración del poder personal, en el debilitamiento de las instituciones de la democracia representativa y en la subordinación del poder judicial. El modelo neoliberal no le permitió desplegar un populismo redistributivo sino concentrador.
    Fundamento ideológico del modelo político que Álvaro Uribe encarna es el comunitarismo. Fórmula de participación directa de la ciudadanía en el control de las políticas públicas, enderezada a satisfacer sus necesidades, no sus derechos. La interlocución será con la persona del líder, no con las instituciones de la democracia.
    El poder del caudillo deriva ahora no sólo del contacto directo con las gentes (en consejos comunales de gobierno, verbigracia) sino del recurso intensivo a los medios masivos de comunicación. Instrumento privilegiado de la democracia refrendaria, característica de los neopopulismos.
    Como alternativa al Estado «burocrático» y al neoliberal, Álvaro Uribe propone el Estado comunitario, que es también Estado «de opinión». En la práctica, opera a manera de democracia local al servicio del líder, potenciada como propaganda desde la pantalla de televisión. En esa dinámica se inscriben los tres mecanismos de democracia directa de los que el gobierno echa mano: consejos comunales, referendo y reelección presidencial, como plebiscito de apoyo a la persona del primer mandatario.

    El desprecio por la democracia representativa inscribe al presidente en la tendencia que persigue el ejercicio de la democracia directa consagrada en la Constitución de 1991. Su fundamento ideológico es, en lo político, el comunitarismo; en lo económico, las doctrinas del liberalismo arcaico y las teorías que sustentan la economía de mercado.
    La comunidad es para Uribe la razón del Estado comunitario, su beneficiaria, su instancia decisoria, su ejecutora y vigilante. Ni dictadura del Estado ni tiranía del mercado, dice. Para los asesores del presidente, «es una nueva y llamativa versión del Estado social, como alternativa al desvencijado Estado burocrático colombiano…»5.
    Con todo, por la sola razón del número, esta democracia directa del comunitarismo resulta impracticable hoy, a no ser que se adopte como democracia plebiscitaria.
    En el origen del comunitarismo moderno descansa el pensamiento de Rousseau, con su glorificación de la voluntad general como entidad soberana, inalienable, indivisible, absoluta e infalible, a la cual todo individuo debe sacrificar su libertad. Voluntad que no puede expresarse sino en forma directa, nunca mediante organizaciones sociales, pues los poderes intermedios se convierten en macropoderes contra los cuales el individuo nada puede. Rousseau no acepta sino la democracia directa ejercida desde la asamblea comunal de ciudadanos razonables, libres e iguales.
    Sin embargo, esa voluntad general supone una sociedad homogénea y libre de conflictos, que termina avasallando en el unanimismo la libertad individual y se convierte en caldo de cultivo para cualquier totalitarismo. Entonces el pensador, apercibido de esta dificultad, propone cohesionar a la sociedad en una religión; la civil, que es la adoración laica de la comunidad, una catarsis cívica de las emociones.
    A tal punto creyó Rousseau que la religión civil habría de plasmar la sacrosanta voluntad general, que llegó a proponer el destierro para los disidentes. El que no está conmigo está contra mí, dirán todos los dictadores que en el mundo han sido, acaso sin sospechar que el buenazo de Rousseau había abierto el camino a los modernos despotismos. Y a la tiranía de las mayorías, que gobiernan por la sola superioridad aritmética de votos yuxtapuestos sin deliberación ni análisis sobre cuestiones complejas que se han simplificado hasta la caricatura. Y las minorías, aplastadas por el número, quedarán condenadas al desierto. Con más veras en países como el nuestro, donde tanta lidia cuesta producir siquiera un estatuto de garantías para la oposición.
    El ginebrino les viene como anillo al dedo a los neopopulistas de Latinoamérica.
    Acaso también al mandatario colombiano, maestro en el exigente menester de insuflar el sentimiento de que los colombianos se gobiernan, por primera vez, según su libre voluntad de poder. Se deja a veces la impresión de que, en unidad inquebrantable contra el terrorismo y la politiquería, sin tolerar fisuras ni deslices, el cuerpo del ciudadano se habría compactado alrededor del presidente y por encima del Congreso, de partidos, sindicatos y cuanto de organizado queda en la sociedad civil, para practicar desde consejos comunales la democracia directa.
    Y cuando las comunidades convergen en masa a elecciones, la democracia directa se torna plebiscito o referendo. La mayoría manda. Fórmula política que se refuerza en el abandono de las responsabilidades sociales del Estado, ahora descargadas sobre los hombros de la comunidad con el discurso engañoso de la autogestión popular.
    La democracia rousseauniana alimenta por igual a la más rancia tradición marxista, que la revolución rusa materializó en los sóviets, y el retorno al conservadurismo premoderno de sociedades amarradas al terruño, sin otra visión del mundo que la local y chata y roma, no obstante el impacto que sobre ellas ejerce el advenimiento de la modernidad.
    Dentro de la gama de opciones que caben entre las antípodas ideales de autoritarismo y democracia, en el gobierno de Uribe conviven nostalgias localistas —acaso heredadas de su paso por el Poder Popular del liberalismo y por la gobernación de Antioquia— y las inclinaciones autoritarias que aquí se han señalado. Figuras emblemáticas de tal proclividad serían el proyecto de reforma a la justicia (en salmuera al parecer mientras transcurre la campaña electoral) y la ojeriza del primer magistrado contra los partidos políticos.
    Corolario económico de este régimen político es el modelo de libre mercado. El Plan de Desarrollo del gobierno, el Plan Colombia, su política económica y social, respiran los principios y directrices de los consensos de Washington. Salvo tímidas distancias y ocasionalmente una palabra dura del presidente, la agenda del gobierno colombiano es la que el Fondo Monetario Internacional impone.
    A pesar de la tendencia hacia la izquierda que se ha abierto paso en Latinoamérica, la administración de Álvaro Uribe sigue conforme con la suplantación de verdaderas estrategias de desarrollo por aquel modelo de apertura hacia adentro que el TLC no hará sino ratificar en grande. Sin partidos organizados para postular y defender estrategias de largo alcance, con un déficit fiscal enorme y una deuda externa que crece a pasos de gigante, el plan que el gobierno publicita en enero de 2005 para quince años parece más encaminado a ambientar la campaña por la reelección presidencial que a producir un cambio estructural en el modelo económico y social.
    Caudillismo, desinstitucionalización, democracia refrendaria, intolerancia y economía de mercado sin controles reales, arraigados tan firmemente en este gobierno, no parecen augurar viraje hacia la moderna socialdemocracia europea. Cambio de rumbo improbable hacia el Estado social, ya que éste se sitúa a distancia sideral del modelo vigente en Colombia. Aun cuando el propio Uribe haya bregado por «revisar la cartilla». Costosa contraprestación al patrocinio de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo que el presidente se ha trazado como aspiración suprema.
    En el modelo de la Cepal, la política social obedecía a una estrategia fundamentada en la ampliación del mercado interno, en la creación de empleo y en el mantenimiento del salario real. No había «lucha contra la pobreza» sino desarrollo social como componente medular de las estrategias de desarrollo. Hoy se considera que la política social es un gasto improductivo. La nueva política social no alcanza a neutralizar los efectos devastadores de un modelo concentrador en lo económico y excluyente en lo social.
    Esta política social lleva el sello de asistencialismo y beneficencia que la revolución industrial adoptó para endulzar la miseria que generaba. Con la diferencia de que hoy no hay industrialización en nuestros países sino, precisamente, desindustrialización. El énfasis que se pone en lo social escamotea el problema de fondo: crear empleo productivo. Esto supone resucitar o crear una estrategia de industrialización que la nueva división internacional del trabajo, eufemísticamente denominada globalización, les niega a los países pobres.
    La opción comunitaria no es nueva, es premoderna, y no coincide con el Estado social. Es el del segundo Consenso de Washington. No el Estado de economía mixta que planifica y concierta el desarrollo con los intereses sociales y sectoriales organizados en partidos, sindicatos, gremios de la producción, organizaciones populares y movimientos de masas. El Estado social busca la equidad.
    Contra él hace carrera la encerrona desde los años ochenta, «por burocrático e ineficiente». Invectiva de contornos ambiguos que se nutre de indignación moral, ya contra la corrupción y el clientelismo, ya contra el adversario político que, por serlo, queda con el estigma de apátrida, corrupto o terrorista.
    El Estado social cogobierna con la sociedad a través de sus organizaciones, instancias intermedias que canalizan la lucha por el poder. Si el liberalismo clásico oponía Estado y sociedad6; si se limitaba a garantizar la libertad, la convivencia pacífica, la seguridad, la propiedad y la libertad de mercado, el Estado social considera que no puede abandonarse la sociedad a sus mecanismos autorreguladores.
   El Estado social reinterpreta los valores y fines de la democracia liberal: a la propiedad individual le pone el límite del interés general; la seguridad formal debe acompañarse de seguridad material frente a las necesidades económicas, con instituciones como las de distribución del ingreso, salario mínimo, pleno empleo, salud, educación, vivienda…; la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley deben acompañarse de garantías sobre condiciones vitales mínimas y de una corrección de las desigualdades económicas y sociales. Al lado de la participación política mediante elecciones debe haber participación en el producto nacional y en la democracia interna de partidos y organizaciones sociales.
    «El ascenso de la sociedad hacia el Estado y su acceso a los centros de decisión se lleva a cabo a través de partidos (y) grandes grupos de interés organizados, (únicos capaces) de formular debidamente sus demandas y lograr que sean atendidas (…) La relación ciudadano-Estado queda mediatizada por las grandes organizaciones…»7. Para que un interés se haga valer, tiene que estar representado; es decir, debe ser capaz de hacerse presente en el centro de decisión. Condición indispensable en las sociedades complejas de nuestro tiempo, donde el pluralismo se basa en los grupos, no en los individuos. Contra esta realidad se estrella el pensamiento liberal del siglo XVIII, centrado en el individuo-ciudadano y en la libertad de mercado.
    El Estado comunitario de Álvaro Uribe no es, pues, una derivación del Estado social, sino una versión mistificada del modelo neoliberal de los años noventa envuelto en retórica comunitarista (a medias genuina compasión cristiana, a medias puño duro, a la manera de los regímenes paternalistas).
    A favor de una voluntad de poder que trasciende la episódica vanidad del mandatario, obra también su embestida contra las instituciones de la democracia y contra el Estado social, degradado por dos apelativos lapidarios: burocrático y corrupto. Idéntica ambición de poder se verá robustecida con el previsible cambio de tono en el discurso contra la pobreza, que ya el gobierno ensaya.
    En la transición hacia una segunda etapa de gobierno, la del presidente-candidato, Uribe sugiere cambio de bandera. Su prioridad no será ahora el combate a la corrupción y a la politiquería, sino a «la corrupción, el terrorismo y la pobreza» (entrevista concedida a Darío Arizmendi en Radio Caracol el 18 de noviembre de 2004). Quizá las licencias que el presidente se concedió con la clase parlamentaria para lograr la aprobación de la reelección presidencial en el Congreso, no le permitan ya pronunciarse contra la politiquería.
    Para ver por los pobres probablemente presentará como inversión social productiva de su gobierno muchas partidas del gasto público corriente que son de funcionamiento. Además, su apelación al FMI para que le permita «flexibilizar» el gasto social parece perseguir el mismo fin.
    Difícil le resultará al presidente convencer a los colombianos de que su tono social de última hora interpreta un viraje hacia la socialdemocracia. Es que en 2004 el índice de pobreza en el país superaba el 65% y el de indigencia se acercaba al 20. Mientras tanto, en el mismo año, las utilidades del sector financiero rondaban los $2,7 billones, cifra que representa más del 57% de aumento frente al 2003. Los bancos extranjeros habían elevado sus ganancias por encima del 150%. Y el Banco Santander, en 763%.

Notas

1. Carlos de la Torre, «Populismo, cultura política y vida cotidiana en Ecuador», en El fantasma del populismo.
2. Fernando Cardoso, «Nacionalismo y populismo: fuerzas sociales y política desarrollista».
3. René Antonio Mayorga, Outsiders and Neopopulism, the Road to Plebiscitarian Authoritarism (inédito), 13 de mayo del 2002.
4. Julio Cotler, Descomposición política y autoritarismo en el Perú, Lima, 1993.
5. José Obdulio Gaviria y Tulio Elí Chinchilla, Del escritorio de Uribe (prólogo), Medellín, Iela, 2002.
6. Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
7. García Pelayo, op. cit., p. 112