Emilia Bolinches: ¿Por qué
se constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?
Luis Eduardo Guerra: Fue como consecuencia
del conflicto que hubo en la región desde el 95, todo el desarrollo
del proyecto paramilitar, el exterminio de la Unión Patriótica,
del Partido Comunista y, en general, de todas las organizaciones populares
que había en la región. Cuando se dio todo este exterminio
a sangre y fuego por parte de las fuerzas militares y los paramilitares,
las comunidades campesinas de San José de Apartadó, los
que habitábamos las veredas, quedamos completamente solos y sufriendo
todas las agresiones del ejército y los paramilitares. La gran
mayoría de las 32 comunidades que existían se tuvieron
que desplazar y nosotros, los que estábamos todavía en
once comunidades, decidimos buscar como apoyo a la Iglesia para ver
qué podíamos hacer: si nos dejábamos matar ahí,
si nos teníamos que ir... porque la gran mayoría no teníamos
para dónde irnos. Y ahí es donde se inicia la posibilidad
de que, con el apoyo de la Iglesia y de algunas ONG nacionales, se hiciera
una propuesta; inicialmente se pretendía buscar territorios humanitarios
para concentrarnos ahí y pedirles respeto a todos los actores
armados, incluyendo el Estado, los paramilitares y la insurgencia.
¿En qué situación
se encuentran estas comunidades ahora?
LE.- Cuando ya nos organizamos, hicimos la Declaración.
El 23 de marzo del 97 firmamos el compromiso de no participar en la
guerra, de no colaborar con ningún actor armado. Como consecuencia
de esto hubo una represión más fuerte, se produjo el desplazamiento
masivo de estas once comunidades; hubo masacres y se dieron plazos para
que se desplazara la gente con amenazas de muerte. De ahí en
adelante nos concentramos todos en este caserío de San José
de Apartadó. Unos seguimos en el proceso, como 630 personas.
Otros no: se fueron porque ya no creían que nos iban a respetar.
Y de ahí para acá ha sido una situación de resistencia
porque hemos sido víctimas de masacres, de asesinatos selectivos;
estamos hablando de que nos han matado más de 130 personas de
la población civil, entre ellas varios líderes de la comunidad,
pese a que hemos buscado todas las instancias del Estado. Hemos propuesto,
incluso, comisiones de investigación, pero los resultados han
sido nulos. Todos estos asesinatos están en la impunidad.
La situación actual es que prácticamente lo que vemos
es una nueva estrategia para seguir atacándonos, que es el bloqueo
económico, que son las amenazas muy abiertamente de los paramilitares
y los militares. Porque en este gobierno, Uribe se ha caracterizado
por eso, porque ya los paramilitares se sienten totalmente parte del
Estado y ellos mismos hacen los controles como si fueran el Estado,
y aunque esto se denuncia a nivel nacional e internacional, no pasa
nada. Nosotros hemos sido muy claros en nuestros principios, hemos mantenido
una posición de neutralidad frente a la misma insurgencia, pero
lo que dicen es que nosotros seguimos siendo organizados por la misma
insurgencia, que recibimos órdenes directas de la insurgencia
para desprestigiar al Estado y para denunciar al Estado y para decir
que el Estado es el único que viola los derechos humanos. Eso
es una mentira a todas luces porque nosotros lo hemos dicho públicamente
y lo seguimos diciendo, que dentro de estos asesinatos la subversión
también tiene una gran participación, más de 20
casos, porque nosotros no tenemos nada que ocultarle a ninguno de los
actores armados. Lo único que nosotros hemos pedido es respeto
para los que son parte de la población civil. Entonces vemos
que nos están acorralando con las masacres, con los tiros, con
los asesinatos selectivos, con el desprestigio, porque sabemos que el
mismo gobierno tiene funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo
a nivel internacional, a nivel incluso de las mismas embajadas, diciendo
que ellos tienen toda la voluntad y que son las comunidades las que
se oponen a que el gobierno haga presencia cuando es una total mentira,
y que ellos no son los violadores de los derechos humanos, que los violadores
de los derechos humanos son la insurgencia, cuando hemos dicho que hay
un ejemplo muy claro: ¿cuántos muertos tenemos? ¿En
cuántos han participado las fuerzas militares? ¿Toda la
estructura paramilitar que hay en Urabá por quién está
apoyada? Creo que es una situación difícil en estos momentos,
porque económica y políticamente el gobierno está
haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra
San José de Apartadó.