Juan Gabriel Tokatlian. Director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina. Vivió en Colombia entre 1981 y 1998, donde estuvo vinculado académicamente a la Universidad Nacional, entre 1995 y 1998, y a la Universidad de los Andes, entre 1982 y 1994. Fue columnista del diario El Tiempo y colaborador de diversas revistas. Tiene un PhD en relaciones internacionales de The Johns Hopkins University of Advanced International Studies. Autor de Hacia una nueva estrategia internacional: el desafío de Néstor Kirchner y Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia.

    Quiero agradecer la oportunidad de compartir algunas reflexiones, en el evento de que lo que pueda aportar resulte al menos útil, si no a corto plazo, sí a mediano plazo, para superar la violencia y alcanzar la paz en Colombia.
    Hoy, en particular, es muy difícil comenzar estas reflexiones sin hacer una serie de precisiones de índole personal. Hoy, 24 de abril, es un día especial porque se cumple el 89 aniversario del genocidio de los armenios a manos de los turcos. El pueblo armenio sufrió, entre 1915 y 1924, el exterminio sistemático de un millón y medio de personas. Mi apellido paterno, que muy pocos alcanzan a deletrear o a pronunciar bien en Colombia, es Tokatlian; mi apellido materno es Kaprielian; mi abuela paterna era Ketufian; mi abuela materna, Koyoglian (la terminación -ian significa «hijo de»), y así sucesivamente (todos mis antecesores, hasta donde he podido rastrear el árbol genealógico familiar, fueron armenios). Tengo en mi herencia, por tanto, sólo sangre armenia que espero que vaya evolucionando con otro contacto, gracias a que me casé con una mujer colombiana y tengo una hija estadounidense.
    Mis abuelos llegaron a Argentina más por azar que por escogencia. Podían haber terminado en Grecia, en Estados Unidos, en Irán o, quizás, en Francia. Pero arribaron a Buenos Aires. Ahí nací y viví hasta 1978, dos años después del más brutal, terrible y oprobioso golpe de Estado en Argentina. En julio de ese año dejé el país. No como exiliado. Yo no soy exiliado de Argentina, tampoco lo soy de Colombia. Me fui empujado por una violencia demencial y degradante que me ahogaba, a mí y a los demás argentinos, cada día más.
    En 1981 llegué a Colombia (donde adquirí la doble nacionalidad) y viví en Bogotá hasta 1998, cuando una nueva fase de violencia atroz que azotaba —y aún azota— el país me empujó afuera. Por ello, hoy hablo aquí en el entendimiento de que estoy conversando con ustedes como un descendiente de armenios, como un argentino por nacimiento y como un colombiano por adopción. Y, en consecuencia, siento sobre mí la fuerza de un destino marcado por el dolor. El propio y el ajeno. Y ese mismo dolor me ha permitido, al menos en función de mi propia identidad, dos cosas. Una, tener una noción de patriotismo muy débil: para mí la patria, lo patriótico, no tiene un valor tan trascendental como hoy parece tenerlo Colombia en esta administración del presidente Uribe (y ayer lo tuvo la Argentina del general Videla). Dos, reafirmar la significación de una visión más cosmopolita para interpretar lo que pasa en Colombia, lo que le duele a Colombia (también de lo que dolió tanto en Argentina y Armenia).
    Tomando esos dos elementos como punto de referencia, quiero presentar dos argumentos esta tarde, con la esperanza de que quizás puedan ser aportes para facilitar una polémica. No pretendo hacer calificaciones categóricas sino extender una invitación a una mayor controversia.
    El primer argumento es que más que nunca en Colombia debemos tener mucha precisión respecto a qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que nos está pasando en materia de violencia.
No hay duda de que lo que ocurrió entre 1915 y 1924 contra los armenios fue un genocidio; es decir, la exterminación sistemática, planeada y masiva de un grupo social por razones culturales, religiosas, étnicas y políticas por parte de un ejecutor claramente identificado (en ese caso, el imperio otomano). En el caso de Argentina se desarrolló entre 1976 y 1983 una experiencia dramática y traumática de terrorismo de Estado. Allí se produjo la práctica alevosa del poder coercitivo del Estado mediante el uso ilegítimo de la fuerza y a través de la búsqueda (y el logro) de un pavor generalizado en la población.

    A mi modo de ver, Colombia no ha vivido un genocidio ni vive una situación marcada por el terrorismo de Estado. Considero que el país vive desde hace un buen tiempo lo que llamaría un democidio; esto es, una hecatombe humanitaria provocada por múltiples autores estatales y no estatales (antiestatales y proestatales), sin propósito expreso documentado ni responsabilidad unívoca en un contexto democrático formal.
Evaluar y comparar estos tres casos —el armenio, el argentino y el colombiano— nos mostraría hasta qué punto convergen o no los colombianos en el diagnóstico de la actual violencia y en qué medida es posible delinear un sendero para alcanzar una solución política negociada al conflicto armado.
    El segundo argumento es sobre el papel de los intelectuales. En los ejemplos del genocidio armenio y del terrorismo de Estado argentino, los intelectuales fueron tanto víctimas directas de esas formas de violencia organizada como importantes referentes a la hora de estimular una innegable verdad, una mínima reconciliación y una cierta reparación.
    El caso armenio, iniciado el 24 de abril de 1915, comenzó con la masacre de los principales líderes intelectuales y políticos de la comunidad armenia en el imperio otomano. El genocidio empezó con la decapitación de la intelectualidad para descabezar el liderazgo de la comunidad armenia y continuar con el asesinato a mansalva de niños, mujeres y varones. Hoy, después de 89 años, por primera vez un sociólogo e historiador turco, Taner Akcam, profesor actualmente en la Universidad de Minnesota, ha dicho que lo que les aconteció con los armenios fue un genocidio. Nadie en Turquía pudo admitir públicamente por más de ocho décadas que lo que se había cometido contra los armenios era un genocidio. Fue un intelectual turco quien, cargando de manera dramática sobre sí el rechazo de su comunidad en Turquía, expresó con elocuencia un hecho que ya no se puede refutar: los armenios fueron víctimas de un genocidio, del primer gran genocidio del violento siglo XX.
    En el caso argentino, entre los primeros eliminados, los primeros desaparecidos, los primeros expulsados, estuvieron los intelectuales. Pero también fueron ellos los que procuraron la verdad de lo acontecido y el reencuentro después de tanto horror. Juristas como Carlos Santiago Niño, escritores como Ernesto Sábato, entre otros, fueron artífices de que la sociedad afrontara francamente esos oscuros años de terror. En breve, en los dos ejemplos expuestos, los intelectuales fueron objeto directo de la violencia y sujetos activos para procurar la verdad.
    Temo que debido a la difícil situación por la que ha atravesado la intelectualidad colombiana como víctima usual y recurrente de las acciones de violencia de diferentes grupos armados y desde el Estado, existe un exceso justificado de cautela por parte de los intelectuales en medio de un conflicto prolongado e infame. Pero quizás sólo los intelectuales puedan abrir el sendero a la verdad, la reconciliación y la reparación. Lamentablemente el presidente Uribe, que tuvo la oportunidad histórica de invertir parte de su gran popularidad en pugnar contra la desmemoria y la injusticia, optó por una negociación con los paramilitares en la que prevalecieran la amnesia y la impunidad. La ley de alternatividad penal, en su versión original de 2003, fue una prueba evidente de que la verdad, la justicia y la reparación estaban lejos de ser las metas del ejecutivo.
    Es tremendo ver cómo en ese contexto no hay, en la clase política, en el establishment económico y en la industria mediática, miles, centenas o apenas decenas de voces más firmes y categóricas para exigir verdad, justicia y preparación. Por eso creo que hacia el futuro se les presentan colosales desafíos a los intelectuales colombianos, tanto a los que están adentro como a los que estamos en la diáspora.
    Diría, para terminar, que son tres los retos. El primero, no inhibir la posibilidad de una incidencia internacional decidida en Colombia en materia de derechos humanos. Gracias a los gestos de la Unión Europea, por ejemplo, al decirle al gobierno de Turquía que si no acepta que cometió un genocidio contra los armenios, no será miembro pleno de dicha unión, el genocidio a los armenios aún existe para la humanidad y su reconocimiento sigue siendo una causa legítima para los armenios. Si en Argentina se hubiera dejado prosperar la idea, tentadora para la mayoría de la derecha y para una parte de la izquierda, de que cuando venían las misiones a evaluar la situación de los derechos humanos en Argentina era legítimo llenar las calles con el graffiti de que «Los argentinos somos derechos y humanos», nunca se habría avanzado en materia de denuncia de la escabrosa condición de los derechos humanos en el país. Por eso hago un llamado a la intelectualidad colombiana para que acepte con menos inhibiciones un papel más activo de la comunidad internacional en materia de derechos humanos en Colombia. La sobriedad con que algunos aceptan la intervención militar de Estados Unidos en el país es sorprendente, al tiempo que criticar la terrible situación de los derechos humanos en Colombia es visto, por muchos, como una forma indebida de intromisión en los asuntos internos.
    Lo segundo es que cuando sigo las noticias vía internet, vía contactos, vía adquisición de libros y publicaciones —sobre todo esta semana que he estado en Colombia—, lo que más me asombra es la repetición de la idea de que el país va a encontrar una «solución a la colombiana» a su situación de violencia. Y lo que entiendo es que se va a estar más lejos de la verdad y más lejos de la justicia. Si la «solución a la colombiana» es alejarse de la verdad y la justicia mediante un oscuro acuerdo con el paramilitarismo, entonces resulta imperativo elevar una voz crítica. Ese tipo de «solución a la colombiana» será, necesariamente, «anticolombiana» a largo plazo, pues pospone la resolución de los problemas sociopolíticos del país, recrudece los rencores acumulados en la población civil y conduce al desquiciamiento del Estado de derecho.
    Y lo tercero es que ojalá los intelectuales sean, cada vez más —como algunos ya lo son—, la voz de las víctimas. Los poderosos y los victimarios ya tienen muchos defensores e interlocutores dentro y fuera del país. Es hora de que desde un lugar mucho más ético, los intelectuales continúen proveyendo de voz a los maltratados, a los damnificados, a los olvidados. Cualquiera que sea el rumbo final que adquieran la actual transacción con los paramilitares y la eventual negociación futura con las Farc y el ELN, sería fundamental que los intelectuales miraran y defendieran más esos procesos desde el lado de las víctimas.

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