SEPARATA ESPECIAL DE REVISTA NÚMERO 39

Separata especial de revista Número

ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DEMOCRACIA

Trabajo presentado en el panel dedicado a
«Estado social de derecho y derechos humanos», en el cual
participaron también Susan Lee y Rodolfo Arango.

    Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la sociedad avanza en la construcción de un Estado social de derecho en razón de su valor como pacto social y como una propuesta de paz frente a la aguda situación de violencia de la década de los ochenta, debido entre otros factores a la monopolización del poder, la exclusión e intolerancia social y política, la represión estatal y las demandas sociales insatisfechas.
Así, antes de la Constitución de 1991, el Estado colombiano estaba conformado como un Estado de derecho centralizado con sujeción al ordenamiento jurídico, en donde se pretendía garantizar libertades individuales, en detrimento de los derechos sociales y colectivos.
    El Estado social de derecho, promulgado por la Constitución de 1991, redefine las relaciones entre el poder central y las regiones, y se convierte en un Estado participativo donde prevalece lo regional sobre lo nacional, se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación y hay un presupuesto de inversión social. Lo decretado en el artículo 1º de la Carta, ampliado y respaldado a lo largo del texto fundamental, tiene entonces una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano, en cuanto incorpora la nación al llamado constitucionalismo moderno y ser el único pacto pluralista en la historia del país.
    La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica del Estado colombiano puede describirse desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero debe tratarse necesariamente bajo el tema del Estado de bienestar y lo segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Las delimitaciones entre ambos conceptos no son tajantes, pues cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente:
    El Estado de bienestar surge como una respuesta a las demandas sociales hechas por todos los movimientos populares en la lucha por las reivindicaciones de sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y civiles. Desde este punto de vista, el Estado social de derecho puede definirse como el que garantiza estándares mínimos de salarios. Alimentación, salud, habitación, educación y participación activa asegurados para todos los ciudadanos, con la idea de derechos y no de simple caridad o de servicio.
    Por su parte, el Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores, derechos consagrados por la integridad de los derechos humanos, y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, y de control político y jurídico.
    ¿Qué ha pasado entonces con el Estado social de derecho tras doce años de promulgación? ¿Qué ha pasado con la democracia colombiana y con los derechos humanos en los últimos años en el país?
    Lo primero que debe advertirse es que el término «social» lo viene utilizando el Estado colombiano como una simple muletilla retórica, lo que se transforma en un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Esto se evidencia, por una parte, en la escisión entre los derechos individuales y los sociales y colectivos —donde los primeros se promulgan como fundamentales y los segundos no, lo que ha generado que la realización de estos últimos sea objeto de coyunturas electorales o de filantropía cristiana—, y por otra, en la fractura entre la promulgación de garantías y derechos fundamentales y el modelo económico propuesto —que certifica la contradicción entre una perspectiva conservadora de la nación, el Estado y los ciudadanos, y una perspectiva liberal del desarrollo económico—.
    Estas fracturas, subrayadas por el gobierno de Uribe, se operan con las reformas propuestas y el avance hacia la conformación del denominado Estado comunitario, en donde el Estado es reducido al máximo y su lugar es cubierto por el sector privado, tanto en la prestación de servicios básicos como en la aplicación de planes, programas y proyectos sociales. El Estado desaparece entonces como garante de los derechos ciudadanos, y el ciudadano se convierte en cliente —usuario de servicios—.
    Así se observa cómo la reforma propuesta por el actual régimen presidencialista restringe el Estado de bienestar, en cuanto se tratan de eliminar desde todo punto de vista las conquistas sociales que se tomaron en cuenta en la Constitución de 1991, y busca convertirlo nuevamente en un reducido Estado liberal —donde presuntamente prevalecían las garantías de los derechos individuales y de personas sobre los derechos sociales y colectivos—, sumido en un complejo aparato político-administrativo que niega a sus conciudadanos el disfrute de sus derechos y nada tiene que ver con dinamizar lo social, puesto que de lo que se trata es de acabar con esas respuestas como Estado. Ejemplo de ello es el desmonte de la tutela y de las reformas laboral y pensional.

    Así mismo, el Estado constitucional democrático es vulnerado a través del interés por el desmonte de las instancias reguladoras del Estado, tales como el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, las procuradurías y personerías, en procura de disminuir el déficit fiscal.
    Caminamos entonces hacia el autoritarismo, de la mano de la centralización del poder político, económico y militar en el ejecutivo, asociada además a la desconcentración de las obligaciones del gobierno central con las regiones, mediante la aparición de nuevas figuras como los consejos comunitarios, donde se rediseñan los planes de desarrollo municipal y regional, desconociendo los procesos de participación y concertación local, situaciones éstas que vulneran la soberanía popular y minan las posibilidades de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
    Esto se agrava aún más al comprobar que en las regiones en que más «éxito» han tenido las medidas tomadas por el actual régimen, como el reclutamiento de soldados campesinos y la conformación de redes de cooperantes, se han incrementado ostensiblemente el desplazamiento forzoso, la pauperización de las condiciones de vida y la crisis alimentaria, lo que coincide con la proyección de megaproyectos que benefician intereses particulares, en detrimento de los derechos de los grupos humanos que habitan en este territorio.
    Estos cambios que el Estado colombiano viene proponiendo a través de diversas reformas tienen graves implicaciones en los derechos de los colombianos, cuyo concepto clave puede resumirse de la siguiente manera: pérdida de la importancia sacramental del texto legal, entendido como emanación de la voluntad popular, así como mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los derechos.
    Para entender por qué en Colombia se violan sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hay que remontarse a la década de los años cincuenta, denominada la época de la violencia, caracterizada por la intolerancia e intransigencia de una clase dirigente que generó un ciclo de violencia histórica, en el que se podrían distinguir cuatro etapas de esa violencia política en distintos contextos y características, con sus respectivos protagonistas y sus correspondientes motivaciones y objetivos.
1. Época del sistema colonial esclavista, a partir de 1550, en la que se denominó por igual como negros a los pueblos descendientes africanos, iniciándose así el despojo forzoso de nuestra identidad cultural, el irrespeto por la dignidad humana y el exterminio masivo de nuestros pueblos a través de la trata de esclavos y la prolongación de la esclavización en América.
    Para entender por qué en Colombia se violan sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hay que remontarse a la década de los años cincuenta, denominada la época de la violencia, caracterizada por la intolerancia e intransigencia de una clase dirigente que generó un ciclo de violencia histórica, en el que se podrían distinguir cuatro etapas de esa violencia política en distintos contextos y características, con sus respectivos protagonistas y sus correspondientes motivaciones y objetivos.
    1. Época del sistema colonial esclavista, a partir de 1550, en la que se denominó por igual como negros a los pueblos descendientes africanos, iniciándose así el despojo forzoso de nuestra identidad cultural, el irrespeto por la dignidad humana y el exterminio masivo de nuestros pueblos a través de la trata de esclavos y la prolongación de la esclavización en América.
    2. Época de las guerras civiles, a partir de 1810 (independencia de Colombia de España), en la que se pretendió, fundamentalmente, solucionar las rivalidades partidistas de la clase dirigente criolla descendiente de europeos.
    3. Etapa conocida como la Violencia en Colombia, la cual tuvo su máximo nivel de confrontación a mediados del siglo XX, pero cuyos inicios se remontan a los años veinte debido al conflicto generado por la forma de propiedad frente al derecho a la tierra que produjeron los movimientos campesinos de esa época. Desde entonces los conflictos por la posesión de la tierra han sido una constante en la historia nacional, protagonizados por los grandes terratenientes y arrendatarios de la tierra, contra colonos, peones asalariados, pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos.
    Con todo, es en la década de los cincuenta cuando se recrudeció esta violencia por la confrontación bipartidista, cuyo objeto por parte del partido liberal era la participación en el poder ostentado por el partido conservador. Este conflicto culminó con un acuerdo entre ellos denominado Frente Nacional, mediante el cual se consolidó la hegemonía de la clase política empresarial liberal y conservadora, con base en un reparto milimétrico para ambos de la democracia y del producto nacional, superándose así la rivalidad interna de los dirigentes políticos y empresariales.
    Esta confrontación tuvo unas características muy especiales, pues la orientación ideológica la ejercieron sectores de la clase dirigente por conducto de los partidos liberal y conservador, pero la conducción militar estuvo en manos de integrantes de los estamentos populares, salidos fundamentalmente de los campesinos. Sin embargo, una vez firmado el acuerdo bipartidista, lo único que consiguieron los campesinos combatientes fue un armisticio y luego desaparecieron como actores políticos. Vemos cómo la democracia colombiana se ha caracterizado por incluir políticamente a los ciudadanos en torno al ejercicio electoral, al tiempo que excluye culturalmente a las grandes mayorías culturales, que terminan desprovistas del acceso directo a los espacios de decisión política que los afectan.
    4. Cuarta etapa denominada de insurrección armada. En las etapas anteriores, el ciclo violencia - amnistía - rehabilitación se cerraba con levantamientos del estado de sitio y vigencia del Estado de derecho, libertades políticas o sindicales, libertad de expresión, desarme de la contraguerrilla (hoy paramilitares), etc. Se trataba de demandas aceptadas por el régimen.
    En el proceso de insurrección actual, los grupos rebeldes y guerrilleros tienen el control ideológico, político y militar desde una perspectiva de clases, por lo que sus demandas no son en muchos casos compatibles con el régimen, esto es, que implican cambios políticos, sociales y económicos que pueden ir desde una incorporación del sector insurgente, hasta una sustitución del régimen actual.
    Así las cosas, en el proceso de confrontación que actualmente se vive en el país surgen varios interrogantes: ¿hasta dónde la insurgencia está dispuesta a ceder en sus pretensiones frente al régimen o a convertirse en opción política de poder, y hasta dónde llega la capacidad del Estado colombiano y su sistema político para transformarse, dándoles participación real a los insurgentes en lugar de asesinarlos después de firmado el acuerdo? ¿Cómo quedan representados los afrocolombianos, las mujeres, los grupos étnicos, las ONG de derechos humanos y las organizaciones sociales y comunitarias en el eventual nuevo país? Este interrogante es muy importante, porque hasta el momento estos sectores son los que más han sufrido la vulnerabilidad de sus derechos humanos.

    En todos estos ciclos de violencia - amnistía - rehabilitación hemos tenido en los últimos sesenta años alrededor de cincuenta amnistías y sesenta indultos, lo que caracteriza al Estado como una tradición política cargada de un pasado de herencia cultural de violencia que nos ha llevado a que estos sectores de la sociedad, que persiste en las formas dialogales y arbitrales para resolver cualquier tipo de diferencias, ya sean territoriales, políticas, culturales e interétnicas, estén llevando la peor parte de este conflicto, sin ser actores o promotores del mismo, ni pertenecer a las cúpulas de ninguna de las partes combatientes.
    Consideramos entonces que desconocer el pacto histórico de la Constitución de 1991 es llevar al país a la dolarización y agudización de la guerra. Frente a ello se propone:
     1. Desarrollar y promulgar una perspectiva integral de los derechos humanos.
    2. Lograr que los ciudadanos, en cada una de sus regiones, realicen una lectura del grado de conculcación de los derechos humanos y de la democracia, para luego poder visualizarlos en los ámbitos nacional e internacional. Se propone generar mecanismos pedagógicos que les permitan a los ciudadanos entender las implicaciones de las reformas y propuestas agenciadas por el gobierno central, en aras de propiciar debates públicos y movilización de la sociedad civil en torno a las diferentes propuestas, así como también impulsar estrategias de investigación y seguimiento de la situación de los derechos humanos y la democracia en las regiones.
    3. Reforzar los mecanismos de control de la democracia para evitar la corrupción y el autoritarismo del Estado a través de un trabajo más articulado de las organizaciones sociales a escala regional y nacional, que genere movilización frente a las propuestas de desmonte de las mismas.