SEPARATA ESPECIAL DE REVISTA NÚMERO 39

    En estos acuerdos está contemplada una «libertad irrestricta para el movimiento de capitales», con consecuencias graves sobre la volatilidad y la vulnerabilidad, anteriormente señaladas.
En el estudio del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) y la Contraloría General de la República (CGR), se señala:
    «... deben considerarse dos pronunciamientos recientes de fuentes cuya ortodoxia es difícil de cuestionar. Bhagwati y Tarullo (2003), al referirse a las cláusulas sobre el libre movimiento de capitales en los acuerdos bilaterales (el de Singapur y el de Chile), señalaron en marzo de 2003 que “los libres flujos de capital [...] pueden generar pánico y llevar al colapso los mercados y las monedas, sobre todo en los países en desarrollo. [La posición de la administración Bush en esta materia] constituye un triunfo desalentador de la ideología frente a la experiencia y el buen sentido”. La revista inglesa The Economist (2003) fijó su posición editorial sobre el mismo problema en los siguientes términos: “Los mercados internacionales de capital son propensos a errores, a diferencia de los mercados de bienes [...] El castigo por los errores financieros grandes lo soportan testigos inocentes tanto como prestamistas y prestatarios. Décadas recientes, y en especial la década del noventa, demuestran estas conclusiones con una claridad pasmosa. Grandes oleadas de capital externo inundaron a Asia Oriental y América Latina, y se retiraron abruptamente. De un momento a otro, economías hasta entonces exitosas cayeron en hondas recesiones [...] El rechazo de todo tipo de control [...] sería deshonesto [...] Ya es tiempo para revisar la ortodoxia económica al respecto del tema”»3.
    Según Jack Donnelly, los mercados buscan la eficiencia económica con una maximización de la cantidad total de mercancías y servicios producidos; los mercados pueden producir más y más, pero no necesariamente producen para todos. En efecto, los mercados distribuyen las mercancías y servicios en forma desigual, sin tener en cuenta las necesidades, los intereses y los derechos de los individuos; sólo se considera el valor económico, y éste varía de modo significativo entre individuos y grupos sociales. Mercados libres necesariamente producen profundas desigualdades económicas.
    Con el paradigma económico vigente la garantía de los derechos sociales básicos, como la salud, el trabajo y la educación, se considera una limitante al funcionamiento del mercado, la libre circulación del capital y la competitividad internacional. Derivados de esta lógica, estos derechos se han transformado progresivamente en una mercancía más, objeto de compraventa en contratos privados, en medio de un mercado totalmente desigual, en el cual una gran parte de la población no tiene poder adquisitivo o de consumo; este mercado, además, está fuertemente controlado por organizaciones empresariales con ánimo de lucro.
    Aparece aquí con claridad el problema de la desigualdad, que no es solamente un tema de política económica y social, sino de ¡política-política! Es decir, tanto en Colombia como en América Latina, se ha reiterado en los últimos tiempos que detrás de cada receta internacional, como el ajuste estructural, la estabilidad macroeconómica o la apertura económica, hay un tema de fondo que no se quiere tocar y es la profunda inequidad que hay en la distribución de la riqueza y el ingreso, y se ha demostrado cómo los avances en los indicadores sociales no son sostenibles en el tiempo sino que, por el contrario, retroceden rápida y drásticamente mientras no se altere la concentración de los recursos en tan pocas manos.
    Para el caso colombiano, la dificultad de adquirir derechos sociales en el mercado de contratación de servicios privados por parte de la mayoría de la población se puede medir en los indicadores PIB per cápita y población por debajo de la línea de pobreza (LP).
    Según el estudio CID-UN-CGR (2003), Bienestar y macroeconomía, informe de coyuntura, «… el PIB per cápita empieza a bajar en la segunda mitad de los años noventa. Entre 1997 y 2002 pasó de $239.609 a $225.010» 4, con base en pesos de 1975.
    Con respecto a la pobreza medida por ingresos, ésta aumentó, especialmente a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, pues pasó de 50,30% en 1997 a 62,45% de la población en esta condición en el año 2002.
    Si a estos indicadores agregamos el coeficiente de Gini, que nos indica el grado de concentración de la riqueza —si se acerca a 0 hay más igualdad y si se acerca a 1 hay mayor desigualdad—, se observa cómo según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia el Gini aumentó de 0,56 a 0,58 entre 1995 y 2001, confirmando la tendencia global señalada por la Cepal de que en los años noventa se acentuó la concentración del ingreso en los países de América Latina.
    A pesar de la pretensión de la política social que suele acompañar a la política macroeconómica en boga, según la cual a través de subsidios públicos se beneficiará a la población más vulnerable, algunos indicadores observados a través del tiempo muestran cómo aún los subsidios tienden a concentrarse en las familias de mayores recursos, según el informe del CID y la CGR:
    «Con el paso del tiempo la distribución se ha vuelto más desigual, especialmente en la educación superior. En 1992 el 33,9% de los subsidios los recibía el quintil superior (el más rico). En el 2000 esa participación subió a 49,3%. Ello significa que casi la mitad del subsidio destinado a la educación universitaria se está quedando en manos de las familias de mayores recursos. En este proceso resultan más perjudicados los jóvenes de los hogares pobres»5.
    La afectación de derechos económicos, sociales y culturales está íntimamente ligada a la violación de derechos civiles y políticos, pues como señala Amartya Sen las formas de pobreza vuelven a la persona vulnerable a violaciones de diferentes libertades; por ejemplo, la negación de la libertad económica implica la negación de la libertad social y política.
    Todo este proceso conlleva además una preocupación adicional, referida a los graves riesgos del progresivo desmantelamiento de las políticas públicas estatales, porque tanto en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, como en el de los derechos civiles y políticos, se requieren prestaciones positivas y negativas por parte del Estado. Por ejemplo, se demandan una destinación presupuestal y un desarrollo institucional para el funcionamiento del aparato de justicia o, por otra parte, se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad dentro del contenido del derecho a la educación. En uno u otro caso hay obligaciones de respeto y protección.
    Desde diferentes voces se insiste en la necesidad de preservar el papel del Estado en términos de promover la igualdad social, enfrentar los desequilibrios creados por los mercados, asegurar un desarrollo humano sostenible, pero en particular garantizar los derechos humanos integrales para todas y todos; esto implica frenar el desmonte de la institucionalidad pública, porque como ya se señaló, éste afecta tanto a los derechos civiles y políticos, y en mucho mayor grado los derechos económicos, sociales y culturales.
    Investigadores sociales han señalado que existen caminos, y que es necesario retomar estrategias totalmente abandonadas como impulsar el mercado interno, es decir, producir y consumir lo de nosotros. Los planes de desarrollo de la década de los noventa han puesto su énfasis en la apertura de capitales y la inserción al mercado global a través de las exportaciones, pero en ninguna parte se ha pretendido desarrollar un mercado propio que, por ejemplo, permitiría generar empleo y producción para los colombianos.
    Entre las consecuencias que tiene el proceso de globalización sobre las democracias constitucionales contemporáneas, como ya se dijo, puede citarse una fuerte erosión de la capacidad decisoria de los estados-nación, especialmente los periféricos. La fuerza de los conglomerados transnacionales, el surgimiento de esferas de decisión política y económica independientes de gobiernos y ciudadanos, grupos de estados ligados por intereses comunes o consorcios regionales, la hegemonía del pensamiento económico liberal, entre otros, van erosionando las democracias y retirando el poder de sus ciudadanos.
    Pero a su vez, respecto a las relaciones entre la globalización y el constitucionalismo democrático, no se puede desconocer la fuerza de la globalización de los derechos humanos, recogida en los diferentes instrumentos internacionales para asegurar su vigencia como inherentes a la dignidad humana en diversas partes del mundo, sin ser ingenuos frente a la fuerte presión generada tanto por la faceta económica como cultural de la globalización.
    El fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos también hace parte de lo que algunos denominan «la formación embrionaria de una sociedad civil internacional», pero que requiere a su vez el desarrollo de una solidaridad internacional cada vez mayor en los diferentes ámbitos de las relaciones sociales.
    En relación con los efectos perversos de la globalización económica sobre el derecho constitucional, se destaca que, con los argumentos de la competitividad internacional, ésta sólo la alcanzarán nuestros países a costa de la supresión de conquistas sociales; se ejerce presión para modificar aspectos de las constituciones relacionadas con las obligaciones del Estado en el área social, la reglamentación de agentes económicos privados para la prestación directa de servicios sociales… en últimas reformas que tienen como objetivo liberar a la economía de las injerencias normativas del poder público y equilibrar el ordenamiento interno de los estados, creando las condiciones más adecuadas para el buen funcionamiento de los mercados.
Se llega así a una conclusión aparentemente contradictoria: el proceso de globalización, por una parte, reduce la capacidad de decisión de los ciudadanos de un Estado, pero por la otra aumenta la esfera de protección de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el mismo Estado.
Hoy las corporaciones transnacionales aparecen inmunes a cualquier forma de control público o popular, y el papel de la sociedad civil internacional se ve limitado a algunos temas, como medio ambiente y derechos humanos.
    Sin embargo, surge la pregunta que hace que miles de personas protesten igualmente en una cumbre de la OMC, del FMI o el Banco Mundial: ¿cuál es su común denominador, fuera de ser organismos de carácter económico internacional? Algunos responden insistiendo en su carácter antidemocrático, en que sustituyen la voluntad de la mayoría de los habitantes de la tierra.
    Este movimiento en formación, que no tiene ni una denominación precisa, ni total identidad en los actores que lo componen o en los objetivos que persigue, se resiste a la fuerte desigualdad entre el acceso a la fibra óptica para algunos, frente a la carencia de acueducto y alcantarillado para muchos; se resiste también a las fuertes diferencias que hay entre los países que consumen el 80% de los recursos del mundo y los restantes, que ni siquiera satisfacen sus necesidades alimentarias, y se niega a aceptar que el mercado invada esferas de la vida cotidiana tan elementales y vitales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo… En fin, se niega a aceptar la total dependencia de la mayoría de los seres humanos del mercado y el pensamiento único.

1.	Joaquín Estefanía, Hij@, ¿qué es la globalización?, Madrid, Santillana Ediciones, enero de 2003, p. 30.
2.	Ibid., p. 33
	3. Centro de Investigación y Desarrollo (CID), Universidad Nacional de Colombia y Contraloría General de la República, Bienestar y macroeconomía, informe de coyuntura, agosto de 2003, pp. 57-58.
4.	Ibid., p. 6.
5.	Ibid., p. 7.