Lo sagrado y la violencia - Raíces de la violencia actual en Colombia - Camilo García

	ÉSTA ES UNA DE LAS EXPLICACIONES MÁS CLARAS QUE HEMOS ENCONTRADO SOBRE LOS ORÍGENES DE LA VIOLENCIA QUE AFECTA A COLOMBIA DESDE HACE MÁS DE MEDIO SIGLO.

    Laureano Gómez, con el propósito de oponerse a la reelección presidencial de Alfonso López Pumarejo para el período 1942-1946, dijo en un discurso pronunciado ante el Congreso de la República en septiembre de 1940:
    «Dentro del concepto democrático del Estado que profesamos nosotros los conservadores, sabemos que no todo es lícito en el gobierno ni en el Congreso, sino que gobierno y Congreso tienen que someterse a disposiciones eternas y permanentes; no sólo dentro de ese concepto que nos hace repudiar la posibilidad de ser gobernados por un individuo que no dirige su gobierno por razones del bien común, sino del otro concepto de la democracia, el proveniente de la tiranía de la mayoría, o de la razón suprema de la mayoría; el señor López no puede pretender ser presidente de Colombia porque no tiene la mayoría numérica, ni es positivista ni es circunstancial y objetiva en lo que los positivistas hacen residir la razón de ser de la autoridad y del manejo del Estado. Es indiscutible que los conservadores, unánimes, rechazamos la posibilidad de que el señor López vuelva a continuar lo que hizo en la administración pasada. Y es un hecho evidente, urgente, de brillo enceguecedor, que indiscutiblemente la mayoría liberal tampoco acepta, tampoco quiere ser gobernada por el señor López... Es indiscutible que si se toman hombre a hombre los miembros del partido liberal colombiano, si se investiga a los hombres de trabajo y conciencia, de honradez y de labor, la mayoría de ellos considera imposible el nuevo gobierno del señor López, lo estima como una tragedia, como una pesadilla intolerable y no quiere votar por él. Y estoy seguro de que esa es la mayoría liberal... La verdadera mayoría liberal no puede querer la destrucción de la patria que el señor López significa».
    Y más adelante continuó Laureano: «Veamos ahora la definición del tirano dada por uno de los más ilustres pensadores y teólogos, Mariana: “Tirano es aquel que manda a súbditos que no le quieren obedecer”. No le queremos obedecer; la gran mayoría de los colombianos no le queremos obedecer; es la mayoría auténtica, clara, incuestionable, formada por la unanimidad del partido conservador y por inmensa porción de los liberales... De modo que una nueva presidencia del señor López no puede ser sino una tiranía puesto que no le queremos obedecer, la mayoría de los colombianos incuestionablemente no le queremos obedecer, y sobre esa mayoría numérica él ejerce el gobierno, está dentro de la definición del padre Mariana: “Tirano es el que manda a súbditos que no le quieren obedecer”».
    Agregó después: «Me permito para que quede bien expreso en la mente colombiana y para que contribuya a la formación de esa conciencia que ahora estoy formando: hay cosas que el señor López atropelló, desconoció y ultrajó; cosas que son sagradas (el subrayado es mío) para la inmensa mayoría del país. El señor López ahora dice que si vuelve a la primera magistratura continuará oprimiendo, destruyendo y aniquilando esas mismas cosas sagradas, es decir, nos declara la guerra. Y nosotros no podemos menos, en cumplimiento de un deber elemental, que aceptar esa declaración y tenemos que prepararnos para la guerra no sólo como una cosa lícita sino como una imperativa necesidad del momento... Hay cosas a las que nosotros los conservadores, como espiritualistas que somos, no podemos renunciar; antes renunciaríamos a la vida; es por eso por lo que tenemos que preparar la guerra porque, puestos en la alternativa de escoger: o renunciamos al concepto de patria, al concepto de cultura, al concepto de moralidad que está arraigado en el fondo de nuestra conciencia, o renunciamos a la vida. Pero seríamos unos descastados, unos degenerados cobardes si optáramos por renunciar a todas esas cosas a trueque de salvar una vida miserable bajo esta tiranía instaurada sobre una artificiosa mayoría liberal... Y eso, no por un sentimiento personal, no para defensa de fines egoístas sino por una especie de deber colectivo para la sociedad en que vive y, sobre todo, para los hijos a quienes trajo a este mundo... Y eso impone al que tuvo los hijos una especie de obligación con ellos, un indeclinable deber, porque si en el momento de engendrarlos y traerlos al mundo se hubiera sabido que este era un lugar de tiranía y corrupción y escándalo, de iniquidad y de barbarie, entonces no se hubieran tenido los hijos. Pero puesto que se tuvieron, hay que defender ese patrimonio; no lo podemos entregar. No lo podemos entregar, no hay combinación, no hay maniobra que pueda convencernos de que no tenemos el sagrado deber porque lo tenemos; y si para defenderlo tenemos que hacer la guerra, tendremos que hacerla...».
    Y prosiguió: «... La mejor guerra tiene que ser la que con el menor número y con el menor recurso consigue el mayor número de resultados. La que economiza vidas inocentes, la que no permite la destrucción de la riqueza, la que lleva la necesidad del empleo de la fuerza allí únicamente en donde la fuerza es indispensable para la imposibilidad de que se haga el mal que se quiere evitar».

    «Esta doctrina naturalmente no es inventada por mí, que no invento nada; esta es una doctrina sabia y antigua, experimentada y probada, que se puede leer entre muchos pensadores y filósofos, en uno de los entendimientos más insignes de nuestra raza y lengua, el insigne dominicano Domingo de Soto, quien en su obra De justicia et de jure dice que el tirano, al menospreciar el bien común, ha declarado la guerra al país y éste ha de defenderse por la fuerza».
    «De modo que como veis, honorables senadores, en esas cosas que ha dicho anteriormente no ha hecho sino aplicar el caso colombiano a la teoría del insigne pensador y teólogo Domingo de Soto, quien agrega que es un episodio lícito de la guerra justa darle muerte al tirano (el subrayado es mío). Si se agrediera a algún ciudadano o le arrebatare sus bienes, los bienes materiales nada más, ¿qué será cuando le arrebatara los bienes espirituales? Entonces, agrega este filósofo, se hace uso de la legítima defensa... Esta es la definición del gran tirano del padre Mariana cuando dice: “Tirano es aquel que manda a súbditos que no le quieren obedecer, el que por la fuerza quite la libertad a la nación, el que no mira por la utilidad del pueblo sino que atiende sólo a su propio enaltecimiento y a dilatar su dominio y su cetro usurpado”. Y agrega: “Si el rey atropella al reino, óiganlo bien, honorables senadores, si el rey atropella al reino, entrega al robo las fortunas públicas y privadas y desprecia y vulnera las leyes públicas y la sacrosanta religión, si su soberanía, su arrogancia, su impiedad llegasen hasta insultar la divinidad misma, entonces no se le debe disimular en ningún modo (ruego atención a lo que sigue); como esto es peligroso, lo mejor sería deliberar sobre lo más conveniente en grandes reuniones después de advertirle al príncipe para que se corrigiera, haciéndole la guerra de lograrlo, declararlo enemigo público, darle muerte. En grandes reuniones públicas se deben pintar cuál es el estrago y cuáles los bienes inalienables y aceptar la declaración de la guerra y seguir las consecuencias de la guerra, cualesquiera que sean”».
    En este discurso, negativamente trascendental en la historia política del país, Laureano Gómez, a la sazón jefe supremo del partido conservador, hizo algo insólito e inaceptable en un orden político democrático, algo que la legislación prohíbe y que el principio democrático de dirimir los conflictos entre las personas y grupos sociales o políticos por medios no violentos descarta de plano: invitar o llamar en público, seguramente a sus copartidarios, a asesinar a una persona, al expresidente López Pumarejo. Y para justificar esta invitación insólita lo acusó de ser un tirano, que según la definición de los dos teólogos católicos españoles a los que recurre, es una persona a la que no se quiere obedecer debido a que ha destruido bienes y cosas sagradas de la patria; por tanto, es alguien que le ha declarado la guerra a la gran mayoría de los colombianos que poseen y que creen en esos bienes espirituales.
    ¿A la destrucción de qué bienes sagrados se refiere Laureano Gómez? Sin lugar a dudas, al hecho de que en 1936 los legisladores liberales, auspiciados por el entonces presidente López Pumarejo, no encabezaron, como solía hacerse, el acto legislativo con el que reformaron la Constitución vigente desde 1886 con la fórmula «En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los diputados de la Asamblea... decretan:», sino por la de «El Congreso de la República decreta:».
    ¿Por qué esta fórmula resultaba sagrada para Laureano Gómez? Lo era porque contenía una «verdad» para él inmutable e inmodificable: que el poder que los seres humanos poseen y ejercen les es dado por Dios, que encarna el poder absoluto como atributo central de su existencia. Los legisladores liberales, dirigidos por López Pumarejo, al suprimir este reconocimiento con el que se daba comienzo tradicionalmente a la redacción del texto constitucional, negaron y rechazaron de plano esta «verdad esencial»: el hecho de escribir las normas y leyes jurídicas que deben ordenar la vida social y política del país era para él un derecho que Dios les concede a los hombres; un derecho sagrado del que no pueden renunciar, so pena de desconocer al ser que lo hace posible. Por tal motivo estos legisladores cometieron, para él, una falta grave contra Dios: atentar contra su presencia espiritual soberana, al obligarlo por la fuerza a retirarse de donde no se puede retirar, al forzarlo por medio de un acto coactivo a desaparecer de un universo que Él mismo siempre funda y que, por tanto, naturalmente le pertenece. En otras palabras, se hicieron culpables de pretender negar, o por lo menos debilitar o limitar, el poder absoluto de Dios mediante la afirmación de su propio poder. De ahí que para Laureano Gómez esta acción no fue sólo la negación de una verdad sustancial del papel que desempeña Dios en la vida humana sino un acto de fuerza, de violencia, que los legisladores liberales realizaron contra Él 1.
    Pero, además, con esta acción los liberales hicieron algo más e igualmente grave: quitarles la validez a esas leyes y normas que dictan y escriben. Al desconocer el origen divino de las leyes que reformaron, desacralizaron en su totalidad el texto constitucional2. Y al hacer esto le quitaron toda la fuerza obligatoria que deben tener siempre sus leyes y normas; los liberales, al desconocer el origen divino de esta Carta constitucional, hicieron desaparecer el motivo central, por no decir el único, que obligaba a obedecerla. De ahí que lo que denominó «Estado impío y ateo», surgido de esta reforma constitucional, careciera de toda posibilidad de ser reconocido por cualquiera que tuviera como él un profundo sentimiento religioso católico, es decir, según él, por la absoluta mayoría de los colombianos.
    Estos mismos creencia y sentimiento explican la virulenta crítica que en el año 1942, en las postrimerías del mandato de Eduardo Santos, hizo al convenio adicional reformatorio del Concordato de 1887, firmado entre el gobierno y el Vaticano. Convenio que contenía, entre otras cosas, la aceptación de las partes firmantes de que el matrimonio católico dejaba de ser obligatorio para todos los colombianos; el reconocimiento de la validez del matrimonio civil y la no necesidad de los católicos de abjurar de su religión para poderlo realizar tal como lo ordenaba la Ley 54 de 1924, llamada ley Concha. Este convenio significó para él un nuevo acto de negación y desconocimiento por parte de los liberales de la autoridad sagrada divina; un acto con el que los liberales querían consumar la expulsión de Dios de todas las esferas de la vida social que habían iniciado con la reforma constitucional de 1936. A Laureano le parecía que a éstos no les resultaba suficiente negar el nombre de Dios de la Constitución que da sustento al orden político-estatal general de la sociedad, sino que ahora, unos años después, pretendían hacer lo mismo en la Constitución que funda la unión y vida en común de dos personas particulares, al aceptar la validez jurídica y social del matrimonio civil. Esta segunda negación no sólo confirmaba de modo definitivo la concepción «atea y antirreligiosa» que presidía todas las acciones del partido liberal sino que, además, completaba el despojo de toda validez de las normas que deben regir las relaciones de los seres humanos en la sociedad.

    En su conocido libro Las formas elementales de la vida religiosa, Emilio Durkheim mostró, a partir de una detallada observación y descripción de las creencias y rituales de los pueblos originarios australianos, que los seres humanos adoptan una doble y contradictoria actitud ante la presencia de un ser o cosa que consideran sagrada, es decir, que contiene el origen espiritual de la vida. Por una parte, desear acercarse a él atraídos y fascinados por la fuerza de su presencia, y por otra, querer alejarse por el intenso temor que, al mismo tiempo, les provoca. Esta doble actitud, al repetirse y renovarse periódicamente en los rituales religiosos, se convierte en una regla o norma de conducta que define las relaciones entre los miembros de la sociedad: la prohibición de tocar, alterar o destruir ese ser o cosa sagrada se convierte en la prohibición de destruirse a sí mismos, esto es, en la condición básica que les permite formar parte de una sociedad. Al reunirse a practicar este ritual destinado a renovar sus energías vitales, cada miembro del clan o de la tribu no sólo vivía la experiencia moral de convivir con los demás sino que interiorizaba esa regla básica de abstenerse de usar la violencia, que garantizaba la estabilidad posterior de esa convivencia social. Por tal razón, si alguien osaba destruir el carácter sagrado de ese ser cometía una falta grave contra la vida de toda la comunidad, realizaba un atentado contra la vida en común de los demás. Un atentado que se expresaba simbólicamente en la reacción agresiva y violenta que creían que esa potencia sagrada, ese espíritu divino escondido detrás del objeto natural, desencadenaría contra todos los miembros del grupo o la comunidad 3. Podemos decir que Laureano Gómez tuvo, en el fondo, frente a la Constitución del Estado colombiano (1886) esta misma actitud que manifestaban los hombres «primitivos» ante los seres sagrados de la naturaleza. Cuando alguien negaba ese carácter, como ocurrió con la reforma promovida por los liberales en 1936, destruía la posibilidad de la convivencia no violenta entre los miembros de la sociedad, hacía desaparecer la fuerza que integraba a los individuos de manera pacífica en el cuerpo social. Por eso su reacción fue, en esencia, la reacción de quien al tomar conciencia de esta condición de la integración social creyó equivocadamente que el único camino que había para reparar ese «daño» realizado contra la sociedad era eliminar a su autor o autores.
    Pero a diferencia de los hombres «primitivos», que creían que las cosas sagradas eran animales, plantas o astros, seres y objetos de la naturaleza que tenían el poder sobrenatural de dar vida, Laureano, fiel a la tradición civilizada de la religión judeocristiana, pensó que lo sagrado se encarnaba en la escritura de las leyes 4. Sin embargo, a pesar de esto no comprendió o no quiso aceptar que un texto constitucional que no contenga o apele al nombre de Dios —una Constitución enteramente secularizada— también posee cierta aura sagrada. Y no lo aceptó porque para él era falso e incorrecto que los seres humanos pretendieran sustituir a Dios como autores originales de las normas y leyes que deben regir sus vidas. De ahí que todas las leyes y normas que contiene un texto constitucional desacralizado no tengan fuerza vinculante, ya que al no ser dictadas o autorizadas por Dios pierden la razón que las hace obligatorias. Esta actitud de Laureano se puso en evidencia con toda claridad en relación con la norma constitucional que consagra el derecho inalienable a la vida de cada ser humano; como no era una norma autorizada expresamente por Dios, se atribuyó el «derecho» de violarla o desconocerla al invitar a sus copartidarios a matar al expresidente López Pumarejo. Por eso, a semejanza de Dostoievski, que escribió en su novela Los demonios por boca de Stavroguin que «si Dios no existe, todo está permitido» (sentencia que resume, por lo demás, el sentido profundo de toda su obra literaria), Laureano Gómez pensó que si las leyes se escriben sin su nombre o sin su autorización no es, entonces, necesario obedecerlas, y resulta permitido desobedecerlas 5.
    Ahora bien, para Laureano Gómez la acción de los legisladores liberales, encabezados por López Pumarejo, no fue sólo una acción de destrucción de lo sagrado que tenía la Constitución vigente de 1886, sino también una acción simbólicamente violenta contra todas las personas en el país que creían en la necesidad de ese fundamento sagrado del orden jurídico y político; o sea, fue una acción que agredió y atentó contra las creencias católicas «sagradas» de la absoluta mayoría de los colombianos que calificó en su discurso como «una declaración de guerra». Los legisladores liberales, al desconocer el hecho sustancial de que Dios es el ser que autoriza a los seres humanos a escribir y dictar sus propias leyes, desconocieron de manera brutal, según considera Laureano, la existencia de esa idea profundamente arraigada en el alma de los colombianos; es decir, desconocieron de tajo una idea que forma parte de su propio ser y su existencia como personas dignas de serlo. Y al hacer esto golpearon duramente el sustento espiritual de sus vidas, el soporte que les da valor y significado 6.
    Esta acción de profanación de lo sagrado, de destrucción de lo santo llevada a cabo por el partido liberal, fue para Laureano Gómez, en síntesis, un sacrilegio, el mayor delito que pueden cometer los seres humanos. Un delito que se castiga o que se debe castigar con la muerte de sus autores. La magnitud de esta falta es tan grande que la única sanción posible es suprimir la vida de quien o quienes la han perpetrado, pues sólo de este modo se lograría reparar, al menos en parte, ante los ojos del ser sagrado el atentado que sufrió. De ahí que el «deber sagrado» para toda persona que, como él, sea «verdaderamente» creyente en la religión católica sea el de promover y asegurar este castigo, el de matar a los culpables de esa acción. «Deber» que seguramente Laureano creyó que obedecía a un llamado u orden dado por el propio Dios, pues creer en la religión católica ha sido creer en la verdad del relato bíblico del Antiguo Testamento que narra en el libro del Génesis, como se sabe, el duro castigo que propinó Dios a sus hijos Adán y Eva de expulsarlos del paraíso terrenal por haber desobedecido su orden de no comer la manzana de la sabiduría; es creer en la petición que le hizo Dios a Abraham, padre fundador de la comunidad religiosa judía, de sacrificarle a su hijo Isaac para demostrarle su obediencia y subordinación incondicional; y creer en la acción de destrucción de ciudades enteras que realizó ese mismo Dios (Sodoma y Gomorra) y de aniquilamiento de sus habitantes para castigarlos por sus pecados, por haber desconocido y violado sus mandatos de conducta sexual; y también es creer en la inundación que ordenó de toda la tierra que acabó con la vida de plantas, animales y seres humanos, muchísimos de ellos inocentes de toda falta. Por eso la imagen que los creadores de esta religión hicieron de Dios es la de un ser que practica la violencia cruel y destructiva o que encarga a algunos de sus hijos para que la practiquen en su nombre contra quienes se atrevan a negar su voluntad soberana u oponerse a ella. Ciertamente, Cristo se esforzó por cambiar de modo radical esta imagen de Dios que los antiguos judíos habían formado, convirtiéndolo en símbolo y representación del amor. Pero como los católicos, y en general todos los cristianos, aceptan la validez sagrada de los relatos judíos del Antiguo Testamento, quedan dispuestos a aceptar también como verdadero ese lado oscuro y cruel de la personalidad de Dios. Creo que Laureano Gómez fue uno de esos hombres que no sólo se identificaron con esta imagen de Dios sino que, además, creyeron sentir con intensa fuerza el llamado que desde sus orígenes ha hecho a algunos de sus fieles a destruir a sus «enemigos» 7.

    Este llamado que creyó escuchar del propio Dios, del propio ser sagrado, fue el llamado que dirigió en este discurso a sus copartidarios. Y éstos lo aceptaron, como se sabe, sin mayores reservas. La autoridad que le daban su cargo de jefe supremo del partido y las cualidades retóricas de su discurso, de la fuerza, expresividad y riqueza formal de su oratoria pública, era suficientemente grande y extensa como para hacer de ese llamado una orden política dispuesta a ser cumplida por el partido. Autoridad que se reforzó en la medida en que sus copartidarios, sus destinatarios, creyeron que era un llamado-orden necesario y válido, que brotaba de la razón de ser sustancial del partido 8. Por eso desde que el partido accedió de nuevo al gobierno en 1946, con Ospina Pérez como presidente de la república, se dio a la tarea de organizar y realizar la persecución violenta, el asesinato de campesinos liberales en varias regiones agrarias del país; hizo de ese llamado efectuado por Laureano en su discurso el contenido central de su «programa político» de gobierno 9. Y para realizar esta tarea criminal el partido se sirvió de los órganos armados del Estado, en especial de la policía, y de bandas privadas que organizó en diferentes regiones agrarias, como las de los «chulavitas» y «pájaros». Tarea que el partido intensificó en gran medida después de 1950, cuando se eligió como presidente de la república a quien originalmente la había trazado, Laureano Gómez (recuérdese que en los preparativos de la campaña electoral de 1949 que los llevó a la presidencia de la república, los directivos del partido dieron una orden perentoria a sus miembros y seguidores de ganar las elecciones a toda costa para asegurar la estabilidad y continuidad del régimen. Pero como el partido liberal decidió no presentarse a la contienda electoral por falta absoluta de garantías, se le facilitó el camino al partido conservador para lograr este propósito. Sin embargo, esto no fue obstáculo para continuar organizando la persecución contra los campesinos liberales; al contrario, fue la oportunidad «ideal» que tuvieron para poderlos identificar con exactitud y así matarlos después, sin riesgo de equivocarse. El procedimiento que usaron fue poner un sello en la cédula de los votantes por el partido conservador, esto es, por el único partido que había concurrido a las urnas. Así que después, cada persona que la policía o las bandas armadas conservadoras encontraran sin ese sello en la cédula de ciudadanía era señalada automáticamente como liberal y, por tanto, sacrificada sin piedad). De ahí que él se entregó, con extraordinaria fuerza, dedicación y empeño, a cumplir y hacer cumplir esta tarea que había propuesto; es decir, se esforzó sin ningún escrúpulo por realizar, con los medios de poder disponibles, su voluntad política, que no fue otra cosa que una voluntad de muerte a quienes consideraba habían dado «muerte», habían desterrado a Dios del orden jurídico y político del país 10.
    Esta acción del partido conservador, presidida por un propósito religioso-político profundamente antidemocrático, le dio al Estado colombiano una función muy grave que nunca antes había tenido en la historia republicana: perseguir y asesinar a miles de personas indefensas e inactivas de la población civil. En efecto, la violencia que hasta ese momento habían organizado y ejercido los diferentes gobiernos liberales o conservadores había obedecido a dos razones más o menos legítimas que la Constitución contemplaba: la primera, la de defenderse, como gobierno establecido por vía electoral, de un levantamiento militar en su contra promovido por algún caudillo militar o por los jefes políticos del partido opositor. Las innumerables guerras civiles que asolaron al país durante el siglo XIX fueron el resultado de la pretensión de los dirigentes de los partidos políticos, liberal y conservador, de tomarse el poder por medio de las armas. De ahí que la acción armada y violenta de los gobiernos fuera apenas una reacción de defensa legítima a la violencia de que eran objeto. Y la segunda razón que sustentó el uso de la fuerza estatal fue reprimir acciones sociales y políticas de los sectores populares dirigidas a reivindicar sus intereses y aspiraciones o a protestar por haber sufrido alguna injusticia. La masacre de las bananeras en 1928, que costó la vida a innumerables personas, ha sido la acción de represión más brutal cometida por el Estado a un movimiento social durante toda su historia. En cambio, la violencia que desataron los gobiernos conservadores en el período 1946 a 1953 no obedeció a ninguna de estas razones; fue una violencia que respondió, como lo señalamos en este artículo, a una razón totalmente diferente, a una razón simbólica o, más precisamente, imaginaria: castigar con la muerte a quienes habían ejercido la «violencia» contra Dios o, mejor, contra quienes habían negado de plano su derecho sagrado e inalienable de darles y autorizarles a los seres humanos la constitución de su orden jurídico y político, y así impedir que volvieran a realizar una acción semejante, es decir, que volvieran a gobernar el país.
    Ahora bien, los conservadores al darle al Estado esta función violenta no sólo provocaron la muerte de cientos de miles de personas sino que, además, realizaron una violencia simbólica muchísimo más grave que la que pretendía reparar: violar la Constitución vigente desde 1886, que reconocía el derecho a la vida de todos los miembros de la sociedad y, por tanto, la obligación que tienen los gobernantes y funcionarios del Estado de defenderla y protegerla. En efecto, esa Constitución ordenaba en su artículo 19 a «las autoridades de la república, instituidas por la Constitución o la ley, proteger a los residentes en ella, en sus vidas (el subrayado es mío), en su honra y en sus bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, esto es, de la libertad, seguridad, propiedad e igualdad de todos». Y aunque era una orden constitucional que ellos mismos habían promovido y promulgado, en la que habían plasmado su voluntad política a finales del siglo XIX, y que además juraron obedecer cuando tomaron posesión del cargo de la presidencia de la república, decidieron no cumplirla porque, como anotamos antes, había perdido ante sus ojos el sustento sagrado que, necesariamente, requería su existencia. De ahí que la promesa que hicieron ante Dios de cumplirla no tenía para ellos ningún valor real; Él no podía aceptar la validez de una orden constitucional que había dejado de ordenar o autorizar a partir de la reforma liberal del año 1936.
    Pero como es «natural», esta persecución violenta desatada por los conservadores contra los liberales desde el gobierno obligó a estos últimos a defenderse con los medios armados, es decir, a recurrir a la violencia. Los grupos armados liberales que surgieron poco después respondieron a la necesidad natural de los campesinos liberales de defender sus vidas y pequeñas propiedades amenazadas. Tomar las armas fue para ellos, entonces, un recurso plenamente legítimo; fue el único modo que tuvieron de protegerse de la violencia ilegal que ejercían la policía y las bandas armadas de chulavitas y de pájaros. No obstante, muchos de estos grupos armados liberales, además de enfrentar y combatir a los grupos armados conservadores, se dedicaron a hacer lo mismo que éstos, a repetir su esquema de conducta, esto es, a perseguir y asesinar a miembros de la población civil campesina conservadora. De tal manera que la acción armada de algunos de estos grupos se transformó rápidamente en una acción criminal semejante a la que estaban realizando los conservadores. Incluso los autodenominados guerrilleros liberales, que trataron de conservar un carácter y una función política, es decir, de obrar sólo contra los grupos armados estatales o privados de los conservadores, no estuvieron exentos de cometer numerosos asesinatos de civiles campesinos conservadores. Esta conducta mimética de los grupos armados liberales, esta práctica de matar a civiles desarmados no fue sólo motivada por el deseo de vengar el asesinato de algún familiar, por el impulso de destruir la vida de quienes habían acabado con la vida de un ser querido; fue también el resultado de la voluntad de estos campesinos liberales de destruir, o por lo menos debilitar, la existencia política del partido que los estaba persiguiendo de manera implacable con los medios del poder. Pues al organizar y practicar la violencia el partido conservador hizo brotar en el «alma» de sus víctimas el deseo de destruirlo, de hacerlo desaparecer de la escena real del país. Atrapados en este doble deseo, los grupos armados liberales se hicieron también autores y copartícipes de una violencia de la que en principio habían sido sus víctimas. Por eso no sólo imitaron la conducta práctica de los conservadores sino también el motivo más profundo de esa conducta; el mimetismo que realizaron fue tan completo que terminaron confundiéndose con ellos 11.

    La amnistía que ofreció el gobierno militar de Rojas Pinilla, quien desalojó por la fuerza del poder a los conservadores en 1953, fue aceptada por todos los grupos armados liberales que existían, los cuales entregaron las armas al gobierno con la condición de que no se les castigara penalmente por las acciones violentas cometidas contra la población civil. Sin embargo, la vigencia de esta promesa duró poco tiempo; al cabo de un año de relativa paz comenzaron a caer asesinados, por autores desconocidos, los principales jefes de los grupos armados y guerrilleros liberales, entre ellos el llanero Guadalupe Salcedo, el más conocido de todos. Esto provocó que los campesinos liberales tomaran de nuevo las armas y constituyeran grupos que, en vez de combatir el poder militar del Estado, se dedicaron a asesinar a campesinos conservadores y sin partido, a saquear sus viviendas, a robar sus propiedades, es decir, se volvieron bandoleros. Este círculo infernal de la violencia, abierto por el partido conservador catorce años antes, sólo terminó cuando el Estado los exterminó a sangre y fuego en el período 1958-1962.
    Sin embargo, hubo un grupo de campesinos que se negó siempre a entregar las armas con la amnistía ofrecida por el gobierno militar de Rojas Pinilla. Estos campesinos, orientados por el partido comunista, prefirieron conservarlas sin usarlas para defenderse en caso de sufrir una nueva agresión. Esta actitud obedeció a dos circunstancias: la primera, haber sido objeto directo, como muchos otros, de la persecución violenta por parte del Estado. Al vivir esta experiencia pensaron que sólo la posesión de las armas que los habían protegido les serviría en el futuro para defenderse de nuevo de una eventual acción similar. Y la segunda, haber aprendido del partido comunista la idea marxista de que el Estado es un órgano de violencia destinado a proteger los intereses de las clases dominantes de la sociedad. Esta idea parecía expresar bien el carácter y la función que el Estado colombiano había adquirido en esos años con la dirección del partido conservador. De tal manera que no fue difícil para estos campesinos aceptar su pretensión de verdad: las actuaciones violentas —criminales— de los órganos armados del Estado, y de las bandas que actuaban con su protección, parecían confirmarla a plenitud. Verdad que cristalizó definitivamente en la mente de estos campesinos en 1964, en pleno funcionamiento del pacto del Frente Nacional que puso fin a la violencia recíproca entre los dos partidos tradicionales, al ser objeto de una nueva acción armada por parte del Estado. En efecto, en ese año el gobierno de Guillermo León Valencia ordenó un operativo militar de gran escala —denominado el Plan Lazo— sobre las zonas en las que vivían y trabajaban dichos campesinos, con el objetivo de desarmarlos. Pero estos campesinos, encabezados por Manuel Marulanda Vélez, advirtieron que este propósito oficial, que se pretendía llevar a cabo por medio de la fuerza, no era sino la manera expedita de preparar el camino para su posterior aniquilación física, tal como había ocurrido con los jefes de la guerrilla liberal a mediados de los años cincuenta. De ahí que en vez de doblegarse a esta voluntad del Estado, dirigido ahora por los dos partidos tradicionales unidos, lo que hicieron fue huir a las montañas y selvas del interior del país y convertirse en una guerrilla móvil: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
    Este hecho tuvo un doble efecto, cognoscitivo y psicológico, muy importante sobre dichos campesinos: un efecto cognoscitivo en cuanto ahora tenían la certeza de que, a pesar de los cambios ocurridos con la firma del pacto del Frente Nacional, el Estado continuaba persiguiendo de modo violento a los sectores populares con el propósito de conseguir de nuevo el monopolio de las armas que había perdido en los años cincuenta, propósito que no les pareció legítimo o válido debido a que durante esos años las usaron para matar a campesinos civiles inermes y desarmados, por lo que había perdido en la práctica el derecho, sancionado por la ley, a su posesión exclusiva. Y un efecto psicológico por cuanto en estos campesinos se arraigaron de manera muy profunda el sentimiento y la creencia que ya tenían de que la posesión de las armas era el único medio que les permitía conservar la vida, que les permitía defenderla con eficacia de todas las agresiones estatales a las que estaban expuestos.
    Pero de su posesión y uso reiterado estos campesinos aprendieron o descubrieron con el paso del tiempo que, además de servirles para defender la vida, les proporcionan un poder determinado sobre los sectores sociales que habitan en las regiones en las que tienen presencia militar; es decir, que de la función defensiva que originalmente les dieron a las armas que tomaron pasaron a asignarles, con el paso de los años, una función ofensiva no sólo contra las fuerzas del Estado sino contra sectores civiles específicos de la sociedad. Este poder les ha permitido disponer de la vida y de los bienes económicos de todas las personas que forman parte de tales sectores sociales, pues al ser un grupo organizado que dispone de armas queda en posición o en capacidad de someter a los que no las tienen a su voluntad, a sus órdenes; la realización sistemática de secuestros; la exigencia a empresarios, hacendados, terratenientes y comerciantes ricos de pagar determinadas sumas de dinero para nos secuestrarlos o asesinarlos, o la de que se les entregue cierta cantidad de productos agrícolas, etc., son las formas típicas del ejercicio práctico de este poder coactivo militar de las Farc. Además, en la medida en que han crecido el número de sus integrantes y la cantidad de sus armas —como ha ocurrido de manera vertiginosa en los últimos quince años gracias a los ingentes recursos económicos que obtienen por el dinero que reciben para liberar a los secuestrados y por el «impuesto» que les cobran a los narcotraficantes por cada kilo de hoja de coca que les compran a los campesinos— se ha incrementado la extensión geográfica y social de su poder. De tal manera que es muy posible que crean, en lo más íntimo de su ser, que de seguir aumentando de modo ininterrumpido su poder militar sobre la sociedad y sobre todas las zonas y puntos del territorio nacional, llegarían a abarcar y cubrir en un día no muy lejano todo el espacio social y físico de su ejercicio, es decir, llegarían a realizar su «sueño político» de ser los dueños exclusivos del poder en el país, de poseer su monopolio completo y absoluto. La decisión que parece han tomado en los últimos tiempos de poner bombas en las ciudades, causando la muerte de civiles inocentes, es un paso más, profundamente equívoco y censurable, en este camino que quieren recorrer. Sin embargo, es un hecho evidente que la guerrilla no podrá alcanzar este propósito porque tiene en frente un par de obstáculos poderosos y insalvables: el creciente poder militar de sus enemigos, de las fuerzas armadas del Estado, y el rechazo abierto y expreso de toda la sociedad.
    De ahí que cada acción que realizan las Farc para afirmar su poder militar las lleve a disminuir su ya de por sí maltrecho prestigio político, a gastar su cada vez más escaso capital político (Bourdieu); es decir, cada acción armada que llevan a cabo contra la población civil es un duro golpe político que se dan a sí mismas. La situación de absoluto aislamiento político en que han caído en la actualidad es producto precisamente de este obrar ciego e irracional, de esta equívoca voluntad «política» de usar, reiterada y sistemáticamente, las armas contra miembros de la sociedad civil. Este camino escogido por las Farc en los últimos años ejemplifica con claridad, entonces, una ley inexorable de la vida política de una sociedad: el prestigio político de una organización armada que opera en su interior, por más que se proclame representante de los intereses populares o defensora de una causa justa, disminuye en proporción directa a la cantidad y magnitud de las acciones violentas que realicen contra la población. Cuanto mayores, más frecuentes e intensas sean estas acciones armadas violentas, menor será el apoyo o respaldo político que puedan recibir de la sociedad civil, o lo que es lo mismo, mayor será el rechazo pasivo o activo que obtengan. Esta pérdida absoluta de su capital político parece, sin embargo, no preocuparles o interesarles en lo más mínimo, en tanto estén atrapadas en la falsa creencia, en el inmenso espejismo, de que el uso de las armas les dará el poder total del país algún día.
    Laureano Gómez y muchos conservadores creyeron que las leyes y normas que los hombres escriben en la Constitución de su Estado deben brotar en última instancia de la voluntad de Dios, es decir, que el poder normativo que se arrogan para organizar y regir su vida social y política proviene en esencia del poder de Dios. Los guerrilleros de las Farc, situados en el extremo opuesto, creen por el contrario que el poder brota de la posesión y el uso activo de las armas. El primero propuso a sus copartidarios, y se propuso él mismo cuando fue presidente, matar a los liberales que el expresidente López Pumarejo simbolizó para castigarlo por el sacrilegio que habían cometido; los segundos, en cambio, se han propuesto demostrarse a sí mismos, al Estado y al conjunto de la sociedad colombiana, que el uso de las armas contra ese Estado y contra esa sociedad les da poder de manera real y efectiva. El primero no podía demostrar, mediante argumentos racionales en la discusión pública, la verdad de su idea; carecía de las pruebas empíricas que la avalaran y sostuvieran. De ahí la pretensión de destruir física y políticamente a los que la habían negado, a los que habían rechazado su pretensión de verdad. Los segundos, en cambio, en virtud precisamente de poder «demostrar» con acciones reales la «verdad» de su idea han renunciado desde siempre a discutirla en términos racionales, es decir, a cerciorarse de su pretendida verdad, con sus adversarios en el espacio público de la sociedad. Pero a pesar de estas sustanciales diferencias que separan la conducta de Laureano Gómez y los conservadores de su tiempo de la conducta de los guerrilleros de las Farc, ambas coinciden en un punto esencial: los dos estaban convencidos —y los segundos aún lo están— de que las ideas que tenían sobre las raíces del poder son verdades incuestionables y absolutas. Y como lo son, tienen que hacerse valer a la fuerza, por medio del uso de la violencia; es decir, deben implantarse a toda costa en la vida social y política del país, así sea contra la voluntad de todos los que no creen en su pretendida verdad, hoy por hoy la inmensa mayoría de sus habitantes. Nietzsche sostuvo en las postrimerías del siglo XIX que la voluntad de verdad que los hombres han manifestado a lo largo de la historia de Occidente ha sido en realidad una máscara, una simulación de una voluntad más real y decisiva: la de poder. Estos acontecimientos de la historia y la vida actual colombiana, no obstante, registran lo contrario: que la voluntad de poder que han mostrado estos actores y protagonistas de su trágico acontecer es el resultado de una ciega e irracional voluntad de verdad, de un querer avasallador de defender, vivir y seguir viviendo sin fin identificados con una idea que creen verdadera de principio a fin. En altar sagrado —intocable e incuestionable— de lo que han creído o creen que es la verdad sacrificaron violentamente, los primeros, la vida de muchos seres humanos, y los segundos, los derechos de muchos otros a disfrutar de su vida, de su libertad y de los servicios públicos que ofrece el Estado.
    Con todo, la relación entre Laureano Gómez y la guerrilla de las Farc es, si se quiere, más profunda: este grupo guerrillero es el testimonio actual vivo, más largo y prolongado, de la pretensión, de la voluntad política de Laureano Gómez y el partido conservador de convertir el Estado colombiano en un órgano de persecución violenta, de fabricación de la muerte, de la población civil campesina liberal. En su existencia como organización armada se inscribe aún con marcas casi invisibles, a pesar de haberse transformado, como ya dijimos, en una organización sujeta a una irracional voluntad de poder militar, el deseo original y natural de sus fundadores de defender la vida de las agresiones violentas realizadas por el Estado. Esto explica, a mi juicio, la fuerte voluntad de llegar a un acuerdo de paz por la vía del diálogo y la negociación con las Farc que mostraron los gobiernos conservadores de Belisario Betancur y de Andrés Pastrana en los últimos veinte años. La conciencia de ser miembros del partido que promovió en el pasado con sus acciones violentas la formación de estos grupos armados campesinos que viven y persisten aún, «representados» y prolongados, en las Farc, es el motivo no dicho, no reconocido, que los condujo a comprometerse en la búsqueda activa e incisiva de este objetivo; es esta deuda moral que sintieron con singular fuerza la que los impulsó a buscar la reconciliación con dicha organización armada, pues creyeron con seguridad que de haberla logrado no sólo le habrían dado al país la solución de uno de los más graves problemas que lo agobian sino que también le habrían ofrecido a su partido la posibilidad de reconciliarse consigo mismo y, sobre todo, con los herederos de los campesinos que persiguió a sangre y fuego cincuenta años atrás, para así limpiar de su conciencia la mancha oscura, bárbara y antidemocrática que representa este episodio de su pasado histórico, promovido por el discurso de Laureano Gómez.
    Sin embargo las Farc, al demostrar su falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno de Pastrana al haber persistido sistemáticamente en la práctica del secuestro de parlamentarios, dirigentes políticos, etc.; al haber realizado acciones reiteradas de destrucción de la infraestructura eléctrica del país, y al no haber presentado un conjunto de propuestas socioeconómicas y políticas concretas de negociación, se negaron a aceptar esa oferta de reconciliación que les hacía el gobierno. La ruptura de las conversaciones de paz en enero del 2002 la podemos considerar el resultado de la negativa de los herederos «políticos» de los campesinos víctimas de la violencia organizada por el partido conservador desde el gobierno, entre 1946 y 1953, a aceptar la propuesta de conciliación que les hacían los herederos políticos de este partido, es decir, de sus antiguos perseguidores 12.
    Este rechazo de la conciliación propuesta se debió no sólo al peso enorme que tiene en sus mentes, como ya anotamos, la creencia ciega y equívoca de que la posesión y el uso de las armas les darán algún día el poder total en el país, sino también a otro factor adicional, mal comprendido por los círculos dirigentes del país: la percepción fija, invariable y poderosa que estos guerrilleros tienen del Estado como un órgano por excelencia de persecución violenta de la población campesina. Carácter que les quedó grabado como una marca imborrable desde que el partido conservador hace casi sesenta años, en efecto, se lo dio. Y que desgraciadamente se les reproduce y refuerza casi todos los días al observar las masacres, los crímenes, las desapariciones que realizan todos los días de esos campesinos las fuerzas armadas del Estado y, en especial, los grupos paramilitares que han contado en muchas ocasiones con su velado e indirecto apoyo y protección. Por eso, mientras el Estado siga practicando esta violencia ilegal y anticonstitucional contra núcleos de civiles campesinos o permitiendo y estimulando que estos grupos paramilitares la practiquen, es decir, mientras siga afirmando ese carácter que el partido conservador le dio en el pasado, dicha organización guerrillera se confirmará a sí misma esta percepción, es decir, se continuará negando a darse una voluntad de reconciliación y paz y, además, tendrá siempre una razón válida para justificar su existencia y persistencia como organización armada. Tal vez la única razón válida que en realidad han tenido las Farc desde sus orígenes para sustentar su existencia: ser una respuesta inevitable, «obvia y natural», a la violencia ilegal que los órganos armados del Estado han practicado con reiterada frecuencia contra sectores de la población civil campesina.
    Por eso creo que la única posibilidad de abrir de nuevo en el futuro el camino hacia la reconciliación, hoy cerrado por el gobierno de Uribe Vélez, es que las autoridades civiles y militares reconozcan formal y públicamente, tal como lo comenzaron a hacerlo con timidez las administraciones anteriores, la responsabilidad que tienen en esas múltiples acciones violentas ilegales contra la población civil que han llevado cabo o ayudado a llevar a cabo a otros. Y, sobre todo, tomando la decisión política trascendental de suspender definitivamente estas acciones en cualquier circunstancia posible. Así estas autoridades lograrían no sólo la proeza de reconciliarse, tal vez por primera vez en la historia del país, con la norma constitucional que les ordena garantizar y proteger la vida de todos los miembros de la sociedad, sino también dar un paso esencial hacia la paz y la reconciliación que el país necesita con urgencia. Únicamente si los dirigentes civiles —tanto liberales como conservadores— y militares del país comprenden y aceptan el deber ético esencial y la necesidad política inaplazable de reconciliarse, de obedecer sin condiciones esta norma constitucional que han prometido obedecer, se darán a sí mismos y le darán al país entero una sólida y consistente oportunidad de recuperar ese valioso camino, hoy sellado. Ciertamente, es muy posible que la puesta en práctica de esta decisión no les permita a las autoridades estatales, en un breve tiempo, alcanzar un acuerdo de paz con esta organización guerrillera, pues se requiere que esta organización deje al mismo tiempo de quitarles la vida y la libertad a muchas personas de la sociedad civil. Sin embargo, si dan este paso trascendental las autoridades lograrán tener la razón que siempre les ha faltado para legitimar verdaderamente su autoridad ante todos los sectores de la sociedad, o lo que es lo mismo, le quitarán la razón, como ya dijimos, tal vez el único motivo válido que aún le queda a este grupo guerrillero para justificar su existencia.

NOTAS
1. Hay que anotar, en efecto, que este acto de darle un carácter sagrado a la Constitución invocando el nombre de Dios era una práctica regular y reiterada de los constituyentes del país desde que se dictó la Constitución de Cúcuta en 1821. Práctica sólo suspendida o interrumpida por los legisladores radicales-liberales en Rionegro en 1863, que al escribir la nueva Constitución que dio lugar a la organización federalista del Estado, a los Estados Unidos de Colombia, suprimieron del preámbulo el nombre de Dios y lo sustituyeron por el del pueblo al decir «En nombre y autorización del pueblo». Sin embargo, esta supresión sólo duraría los veintidós años de vigencia de esa Constitución. En 1886, al proclamarse la nueva Constitución centralista, concebida y promovida por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, se reconocería de nuevo a Dios como la fuente suprema del poder que pretenden las leyes que la componen. Esta restauración del nombre de Dios no fue, muy seguramente para Laureano, sólo el justo y necesario restablecimiento de esa práctica tradicional sino el reconocimiento que hicieron esos constituyentes del verdadero origen que tienen esas leyes, restablecimiento que hizo brillar de nuevo esta verdad. De ahí que en 1936 los legisladores liberales, al suprimir el nombre de Dios del preámbulo del texto reformado, no sólo repitieran el falso acto con el que sus antecesores promulgaron la Constitución de Rionegro sino que borraron de un tajo la fuerza de una tradición profunda que había consagrado una «verdad esencial» de la vida humana.
2. Es conveniente recordar aquí que en los orígenes religiosos de la civilización occidental, se constituyó por obra del profeta judío Moisés esta relación entre las leyes o mandatos de comportamiento práctico de los miembros de una comunidad y la escritura. Moisés, al escribir las tablas de la ley, los diez mandamientos en el monte Sinaí, lo hizo en nombre de Dios; o mejor, le dijo a su pueblo que lo que había escrito en las tablas se lo había dictado el propio Dios. La escritura se presentó, entonces, como el medio privilegiado por el que Dios manifiesta y comunica a los seres humanos sus mandatos, les hace saber las leyes que deben regir sus vidas. Desde ese momento los hombres occidentales comenzaron a creer que las leyes que escribían para ordenar su vida social y política, para fundar un Estado, las había dictado Dios, o por lo menos las escribían en su nombre. La crítica ilustrada y la posterior desaparición de esta creencia han sido uno de los rasgos que han caracterizado la constitución del mundo sociopolítico moderno.
3. «Lo que hace la santidad de una cosa es, como lo hemos mostrado, el sentimiento colectivo del que es objeto. Que, al sufrir la violación de las prohibiciones que la aíslan, entre en contacto con una persona profana, este mismo sentimiento se extenderá contagiosamente a este último y le imprimirá un carácter especial. Solamente cuando aparece, se halla en un estado muy diferente de aquel en que se encontraba en el origen. Ofendido, irritado por la profanación que implica esta extensión abusiva y contra natura, se vuelve agresivo y se inclina a violencias destructivas; tiende a vengarse de la ofensa sufrida. Por esta razón, el sujeto contagiado aparece como invadido por una fuerza virulenta y nociva que amenaza todo lo que se le acerca; después, no inspira sino alejamiento y repugnancia; está como marcado por una tara y una mancha. Y mientras tanto tal mancha tiene como causa este mismo estado afectivo que, en otras circunstancias, consagra y santifica. Pero que la ira así provocada sea satisfecha por un ritual expiatorio, se alivia y cae; el sentimiento ofendido se alivia y vuelve a su estado inicial. Actúa de nuevo como actuaba al principio; en vez de contaminar, santifica (Emilio Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, París, Librairie Général Française, Libre de Poche, 1991, pp. 688-689. La traducción es mía).
4. Hay que recordar aquí que con el surgimiento de las grandes religiones monoteístas, como la judeocristiana, se produjo un desplazamiento de lo sagrado de la esfera natural a la esfera de la escritura: el espíritu divino, forjador de vida humana, dejó de encarnarse y confundirse en los seres de la naturaleza para plasmarse en los signos de la escritura. Esto ocurrió, como ya dijimos, cuando los antiguos judíos al quedar en posesión de la escritura alfabética pensaron que ese era el verdadero «lugar» o medio por el que el espíritu divino se manifestaba. Un espíritu todopoderoso que no sólo creó toda la naturaleza y los seres humanos sino que además les dio, en virtud de este medio, las normas y leyes con las cuales pueden asegurarse el mantenimiento y reproducción de su vida en común. Gracias a este acontecimiento las normas sociales adquirieron dos cualidades especiales de las que carecieron las que se daban los pueblos «primitivos» a partir del culto a los seres sagrados de la naturaleza: primera, la posibilidad de transcribir, poner en un medio material duradero, el habla o la palabra viva de la persona que transmitía esas normas, con lo cual la imagen que los seres humanos forjaban de Dios se personificó; su presencia fue la de una persona que tiene esa capacidad «natural» del habla, de usar el lenguaje. Y segunda, la posibilidad de que esas reglas y normas dadas por su palabra viva persistieran y permanecieran más allá de su presencia personal, adquirieran la duración «eterna» y permanente de lo escrito. Por eso la imagen que los judíos se hicieron de Dios es la imagen de una persona natural que se parece extraordinariamente a la escritura, o sea, de una persona que adquiere la cualidad del existir eterno que los signos escritos poseen o, por lo menos, anuncian con gran vigor. Pero este es un tema que merece una reflexión aparte.
5. Sin embargo, tenemos que decir que al contrario de lo que creyó Laureano, todo texto constitucional moderno secularizado conserva y proyecta un cierto halo sagrado. Y esto es así por dos motivos: primero, porque las leyes y normas que lo componen son obra de la actividad del «espíritu colectivo libre» de los seres humanos, es decir, son resultado de un acuerdo libre y voluntario de los miembros de la sociedad o de sus representantes en el órgano legislativo. Y segundo porque, como ya dijimos, lo escrito da la posibilidad de confirmar de modo ejemplar la cualidad perdurable o «eterna» del espíritu; o mejor, que el carácter durable que tiene la escritura la convierte en el medio idóneo y apropiado para materializar el espíritu no sólo divino sino también humano. Por eso la fuerza universalmente vinculante que reclaman estas normas constitucionales modernas no proviene únicamente del procedimiento racional —dado por una discusión en la que los participantes exponen libremente argumentos en favor o en contra de cada norma propuesta y por la aprobación de las que, por lo menos la mayoría de esos participantes, decidan o acuerden— del que se sirven los seres humanos para elaborarlas o del hecho de que estos participantes hayan sido elegidos por la sociedad para que cumplan ese fin, o sea, para que las promulguen en su nombre y representación, sino también del carácter espiritual casi intangible y trascendente, sagrado, que se forma en el interior de esas normas debido a la acción y participación de todos. Laureano Gómez no vio o no quiso ver en la Constitución aprobada en 1936, durante el gobierno de López Pumarejo, la presencia de este fenómeno; atrapado ciegamente en la creencia religiosa de que lo único sagrado es el espíritu divino, fue incapaz de comprender que los seres humanos, por el hecho de tener espíritu —pensamientos, ideas y valores—, hacen surgir una cierta aura sagrada en las cosas en las que encarnan ese espíritu.
6. El acto de suprimir del texto constitucional el nombre de Dios que autoriza a los hombres a escribirlo no sólo fue para Laureano Gómez un intento de negar esta «verdad inmutable y sagrada» sino también un atentado contra la «vida», contra la integridad y sustento espiritual de un sector importante de la sociedad colombiana que creía en esa «verdad». Esta doble acción fue para él tan grave que justificaba cualquier reacción violenta encaminada a frenar o hacer desaparecer a sus autores. El rasgo cognoscitivo de esta reacción de Laureano Gómez estriba en que puso en evidencia de manera palpable que cuando unos seres humanos hacen desaparecer algo que consideran sagrado, se activa el deseo de destruir a los autores de esa destrucción, de esa profanación, como bien lo mostró y documentó René Girard en su libro Lo sagrado y la violencia. El motivo de este deseo, de esta reacción, está en que esa cosa sagrada es sentida como la fuente de toda vida, como el origen de donde se viene y se nace, el sustento que le da posibilidades y sentido. Al perder ese sustento se siente que se ha sido víctima de un atentado contra la vida misma: responder con la violencia aparece, entonces, como una reacción lógica y justificada, dirigida a defender la integridad espiritual de esa vida. Y para poder superar la reacción violenta que una persona suele tener contra la que le destruye algo sagrado, no existen sino dos maneras posibles: la primera, haciendo desaparecer de su mente en un largo proceso de enseñanza crítica-científica la idea de que detrás de ciertos fenómenos u objetos de la realidad subsiste la presencia invisible de un espíritu divino trascendente. Y la segunda, mostrando que lo único sagrado que ha surgido en los tiempos modernos es la vida de los seres humanos; es decir, las leyes que la reconocen como un derecho inalienable. Hecho que genera un efecto «paradójico» y sobresaliente: los que sufren un atentado o una agresión contra su vida quedan sin el derecho formal de responder de la misma manera. El castigo para quien viola este derecho sagrado no es sufrir la misma violencia sino perder la libertad (la existencia de la pena de muerta contemplada por la Constitución de algunos estados modernos, como por ejemplo en Estados Unidos, es el rastro del viejo derecho de muerte que los soberanos tradicionales ejercieron como signo de su poder absoluto; o mejor, el vestigio del desconocimiento del carácter sagrado de la vida humana en que se fundó la existencia de ese poder).
7. Pero esta fue una creencia, como se sabe, contraria a los principios éticos de la religión católica a la que perteneció y defendió con ahínco; no sólo el quinto mandato moral escrito por Moisés en nombre de Dios prohíbe a los seres humanos matar a sus semejantes sino también el mensaje de Cristo se dirigió a mostrar la falta de justificación, la tremenda injusticia que comete alguien cuando le quita la vida a otro. Esta actitud incoherente e inconsistente de Laureano Gómez con respecto a su propia religión, este llamado a violar o desconocer el mandato ético de Dios, es posible explicarlo por la percepción que tenía de Él como ser identificado con la cualidad del poder absoluto; para Laureano la función esencial que define su existencia es la de ser portador de un poder omnímodo sobre el mundo. De tal manera que este principio o norma ética no es sino una de las tantas expresiones y testimonios que ponen en evidencia la presencia absoluta de su poder; en este principio, como en todas las demás normas éticas dictadas por Él, se encarna la soberanía de un poder de crear y ordenar el mundo humano que le pertenece de modo incondicional y absoluto. Por eso para Laureano Gómez el delito de sacrilegio merece ser castigado con la muerte no sólo porque destruye el carácter sagrado de Dios sino también porque niega el rasgo supremo que define su existencia: la de ser la fuente suprema y absoluta del poder.

8. En efecto, no es suficiente que los miembros de una organización, dirigentes y simples militantes acepten cumplir una orden semejante, que contradice los principios éticos de la religión en la que creen por el solo hecho de ser emitida por la autoridad que reconocen. Se requiere, además, que la realización de esta acción criminal la vean o la sientan como Laureano la sintió, esto es, como una acción destinada a destruir o por lo menos a debilitar políticamente al partido liberal, que había destruido o negado las «cosas o ideas sagradas» que fundamentan la existencia misma del propio partido conservador; la orden de aniquilar a los liberales fue aceptada por el partido porque era una orden dirigida a aniquilar a los enemigos de esas cosas sagradas, a los que las habían aniquilado con su acción política gubernamental, para que de esa manera no tuvieran la posibilidad política de repetir esa acción. La mayoría de militantes del partido conservador acataron este llamado-orden dado por Laureano porque se identificaron con el motivo profundo que lo sostuvo; fue un llamado que, en cierto modo, se hicieron a sí mismos.
Pierre Bourdieu dice en su libro, Langage et pouvoir symbolique (Lenguaje y poder simbólico), acerca del poder del hombre político: «Especie de fetiche, el hombre político tiene su fuerza propiamente mágica sobre el grupo en la representación que le da al grupo y que es una representación del grupo mismo y de su relación con otros grupos. Mandatario unido a sus mandados por una suerte de contrato racional (el programa), es también un campeón, unido por una relación mágica de identificación con los que, como se dice, ponen en él todas sus esperanzas» (ver obra citada, capítulo «La representación política», París, Éditions Fayard, 1991, p. 241. La traducción es mía). Las palabras, el discurso político de Laureano Gómez, como el de Jorge Eliécer Gaitán y otros dirigentes políticos de su época, tuvieron de manera sobresaliente esa fuerza mágica que Bourdieu anota como característica del obrar de todo hombre político; fueron palabras que tuvieron no sólo la capacidad «sobrenatural» de modificar, de acuerdo con su contenido, el curso natural de las cosas, vale decir, los sentimientos, estados de ánimo y actitudes naturales de los que las oían con atención, de sus copartidarios, sino de ordenar y definir sus acciones práctico-políticas. Pero hay que decir que esta capacidad no resultaría eficaz si no existiera un trasfondo común de ideas y objetivos de vida y acción política (los de defender las cosas o las ideas que consideraban sagradas) entre quien las pronuncia y quienes las escuchan. Este trasfondo fue el que hizo explícito, el que activó con extraordinaria fuerza Laureano Gómez con su discurso.
9. Es necesario preguntarse por qué el ejercicio de la violencia organizada por el partido conservador desde el Estado no se dirigió contra todo el partido liberal sino casi exclusivamente contra los campesinos que hacían parte de él o simpatizaban con él. Podemos decir que esto obedeció a dos razones primordiales: la primera consistió en que los campesinos eran considerados por las élites sociales y políticas del país, especialmente conservadoras, como personas de poca valía que, además de pobres, eran ignorantes e incultas. Y que por este motivo carecían de las cualidades propias de una persona distinguida, de una persona digna de ser reconocida como tal. Por tanto, promover su muerte no era una falta grave que se cometiera contra esa persona. Si a esta condición «natural» del campesino se agregaba su filiación política-ideológica liberal, su escaso valor terminaba de disminuirse hasta la nada. Y la segunda razón consistió en la relativa falta de concentración de la población campesina en lugares determinados; como sus viviendas estaban aisladas entre sí y sus poblados o municipios eran pequeños, las acciones violentas en su contra se facilitaban enormemente. Un grupo armado, como en efecto ocurrió, podía consumar el crimen de toda una familia sin ninguna dificultad o con escasa resistencia. Por eso, a diferencia de las ciudades, las zonas agrarias ofrecían el terreno adecuado y las condiciones físicas ideales para asegurar sin mayores riesgos la eficacia de los operativos violentos de los grupos armados, oficiales y privados.
10. Está suficientemente documentado (ver por ejemplo el capítulo «Algunas consecuencias de la violencia», del libro La violencia en Colombia, de Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda y Germán Guzmán) que durante el año largo que duró su gobierno y el año y medio más que ejerció la presidencia, a causa de su retiro temporal por enfermedad, su álter ego, Roberto Urdaneta Arbeláez, la violencia en el país se incrementó notablemente. Se calcula que entre esos años murieron alrededor de cien mil personas de las doscientas mil que perdieron la vida entre 1946 y1958. Con esto Laureano Gómez demostró con toda claridad que el llamado-orden de aniquilar a los liberales que hiciera unos años antes en su discurso no lo dirigió sólo a sus copartidarios sino también a sí mismo; fue una orden que cumplió con «ejemplar» eficacia durante el corto tiempo que ocupó el cargo de presidente de la república.
11. Acerca de la importancia del mimetismo en las conductas violentas de los seres humanos, ver las obras de René Girard Las cosas ocultas desde la fundación del mundo y El cordero emisario; o Mimetismo y violencia, trabajo de mi autoría.
12. El partido liberal ha tenido, en cambio, frente a este grupo guerrillero una actitud política sustancialmente diferente; una actitud definida por el escaso interés en promover el diálogo público, abierto e institucional con ellos, para tratar de lograr un acuerdo de paz. Los gobiernos liberales que han existido desde la culminación del Frente Nacional se han caracterizado precisamente por carecer de dicha voluntad política. Y esto obedece a que, al no haber organizado desde el Estado esa violencia anticonstitucional contra los campesinos, los dirigentes, militantes y simpatizantes de este partido, no siente la necesidad o el deseo «natural», de carácter ético, de conciliarse con los herederos actuales de esos campesinos perseguidos. El caso del actual gobierno del presidente Uribe Vélez, persona de origen liberal, constituye el caso extremo y radical de esta actitud política; el escaso interés que el partido siempre ha mostrado por promover el diálogo con este grupo guerrillero se ha convertido ahora en sus manos en la negación casi absoluta de esa posibilidad, es decir, en la negativa a reconocerlos como sujetos o interlocutores políticos válidos; y, por tanto, tratarlos única y exclusivamente como enemigos militares que deben ser destruidos o vencidos en el campo de batalla. Es, entonces, este deseo de destrucción de las Farc el que define el contenido básico de su conducta política. ¿No es acaso su denominada política de «seguridad democrática» la expresión clara y patente de este deseo central que lo embarga? Deseo de muerte de sus enemigos que, paradójicamente, lo identifica o lo confunde con éstos; pues, como se sabe, este grupo guerrillero ha tratado en los últimos años de matarlo en varios ocasiones.
Ciertamente, este deseo personal del presidente Uribe Vélez de aniquilar a las Farc, o por lo menos de doblegarlas y vencerlas por medio del uso de la fuerza militar, es compartido hoy por la inmensa mayoría de los colombianos. Y lo es porque los propios dirigentes y miembros de las Farc les rechazaron o negaron de plano, al precipitar, como ya anotamos, la ruptura de las conversaciones de paz con el gobierno de Pastrana, el deseo que vivamente tuvieron, patrocinado y fomentado precisamente por ese gobierno, de convivir sin violencia y en paz con ellos (deseo que esa mayoría, que diez millones de colombianos, expresaron de la manera más activa posible al votar, a comienzos del período de este gobierno de Pastrana, en favor de la paz). Al quedar así en evidencia que este grupo guerrillero no había tenido la voluntad o, mejor, el deseo de responder afirmativamente a este anhelo de la sociedad de convivencia que los interpelaba con fuerza, lo abandonaron. Y en su lugar ha brotado en la mayoría de esta sociedad, con casi la misma intensidad, el deseo contrario de hacerlos desaparecer de la realidad, de acabar por la fuerza con su existencia. De tal manera que para esta mayoría de colombianos el empeño político manifiesto del presidente Uribe Vélez es su propio deseo; y para éste, la expresión pública que los colombianos le hacen de dicho deseo, se lo confirma y refuerza. Esta condición casi natural del ser humano de querer la muerte o la desaparición de quien o quienes les niegan un deseo vital, de quienes se oponen a su realización, es la que hoy impera en el país. Deseo que sólo podrá debilitarse o en parte desaparecer el día en que este grupo guerrillero les demuestre a sus portadores, a los colombianos, que está dispuesto de modo voluntario y sincero a aceptar esa oferta de convivencia pacífica que le hicieron hace unos años; o, por lo menos, que les prueben la disposición auténtica a discutir los términos y las condiciones para dar ese paso.