La
variedad de información, la diversidad de medios de comunicación y,
en consecuencia, el número de periodistas en ejercicio, disminuyeron
dramáticamente en Colombia en el año 2001, como consecuencia de la crisis
que la recesión generó en los medios y de la política estatal en el
manejo del espectro electromagnético. Al comenzar el año pasado, sobrevivían
catorce de las concesionarias de programación en los canales públicos
de televisión, cuya quiebra había advertido con anterioridad la Superintendencia
de Sociedades; ya en el 2002, sólo una de éstas conserva su espacio
informativo y otras dos decidieron fusionarse para afrontar la crisis.
La desaparición de nueve de las catorce salas de redacción de espacios
televisivos que existían al comenzar el 2001 representa una pérdida
del 70% de la diversidad de formas de mostrar la realidad en este medio
de que disponían los colombianos hace dos años; la conversión de El
Espectador en semanario y la reducción de circulación de El Tiempo significan
una pérdida del 19% en la lectura de periódicos, en tanto que el cierre
de la redacción de Radionet, una de las tres cadenas nacionales, impactó
en un 20% la oferta informativa en radio. Como consecuencia de ello,
por lo menos 560 periodistas perdieron su empleo en Bogotá, de acuerdo
con las liquidaciones de personal notificadas ante el Ministerio de
Trabajo.
La mayor parte de la responsabilidad en esta
situación se atribuye a la crisis económica, que desde 1998 hasta el
principio del 2001 produjo una reducción del 40% en la oferta general
de publicidad, especialmente en la televisión. Desde 1998, cuando se
pudieron identificar las consecuencias de la aparición de los canales
privados sobre los concesionarios de los canales públicos, era previsible
la crisis. La política estatal para la administración del espectro creó,
por una parte, condiciones de superioridad competitiva para los canales
privados sobre los concesionarios de los canales del Estado y alteró
el sistema de comercialización de la publicidad en radio, mientras que
por la otra sacó US$210 millones del flujo de capital de los medios
de comunicación del negocio por concepto del pago de licencias de televisión.
Estas circunstancias terminaron forzando la salida del aire de doce
de los quince noticieros de televisión y el cierre de empresas productoras
y agencias de publicidad que habían estado al servicio del país durante
más de 45 años.
En contraste, los ingresos de los canales privados
crecieron exponencialmente, aun en medio de la crisis, acercándose a
una situación de monopolio en el mercado de la publicidad y en la difusión
de información en el país. El Canal Caracol, que en su primer año de
actividades reportó ingresos por $49.812 millones, los aumentó a $237.200
millones en el 2001, mientras que el Canal RCN alcanzó ventas por $214.524
millones en el mismo año. La torta publicitaria del país, que la Asociación
Nacional de Anunciantes (Anda) estima en $1.081 billones, está llegando
en un gran porcentaje a sólo tres empresas periodísticas.
Crisis de la
televisión independiente
Hasta la aparición de los canales privados
en 1997, el panorama del periodismo televisivo en el país tenía una
relativa variedad de opiniones como consecuencia del sistema de adjudicación
de licitaciones por parte de diferentes gobiernos. Hoy, uno sólo de
los canales privados (Caracol) asegura contar con el 49,3% de la audiencia
y el 52,2% de participación en el mercado de publicidad en la televisión.
La deuda de las concesionarias de televisión en los canales públicos,
que asciende a $14.600 millones, se origina principalmente en el rompimiento
de sus ecuaciones financieras, como consecuencia de las condiciones
de desventaja tecnológica y económica en las que las dejó la aparición
de los canales privados.
Un ejemplo al respecto son los aparatos para
la transmisión de imágenes en directo durante la emisión de los noticieros.
Mientras que los canales privados utilizan el sistema conocido como
fly away vía satélite con cubrimiento global, los noticieros en concesión
lo hacen a través de la red de microondas de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom), que no tiene cubrimiento nacional y cuya
señal se ve afectada por la congestión en la red, así como por los objetos
y señales que puedan interponerse entre sus puntos de transmisión y
retransmisión (radios de onda corta, edificios, etc.).
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La
red de transmisión de Inravisión, a través de la cual se emite
la señal de las concesionarias, está al borde de la obsolescencia;
sus costos operativos son superiores a los de los canales privados,
y a pesar de que el 18% de los ingresos netos de los concesionarios
se destina a pagar por esta señal, no existen perspectivas claras
para una modernización de los equipos. La calidad y el cubrimiento
de la señal administrada por el Estado tienden a bajar, y la inseguridad
que representa el sistema de concesiones hace imposible la inversión
en tecnología para la emisión de señales propias, porque no existe
certeza sobre la preservación de la concesión en el futuro mediato.
Tal inseguridad, que a su vez redunda en la capacidad de las productoras
para criticar al gobierno, se ve reforzada por la convicción general
de que la injerencia política en la Comisión Nacional de Televisión
(CNTV) produjo la revocatoria de las concesiones de los noticieros
AM-PM y QAP, en 1997, durante el gobierno del presidente Ernesto
Samper, y que, pese a las reformas aplicadas, los hechos de corrupción
siguen siendo evidentes en la elección de sus miembros.
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Se trataba de una crisis frente a la cual la
acción del Estado fue insuficiente. Según una investigación del Instituto
SER para la CNTV en julio del 2000, para entonces "la reducción de la
participación de los concesionarios de televisión pública los ha llevado
a un estado de postración financiera demasiado complejo. De 59% de audiencia
en enero de 1999, han descendido a 28,5% en mayo del 2000" . En mayo
de 2002, la audiencia de los canales Uno y A estaba por debajo del 15%.
Al análisis anterior es necesario adicionarle
las características propias de la estructura de costos y el esquema
de comercialización que los canales privados utilizaron para recuperar
la inversión que hicieron en el pago de sus licencias. La Asociación
Nacional de Medios de Comunicación y la Asociación Nacional de Anunciantes
han criticado tímidamente el sistema empleado por los canales privados
para comercializar su programación. En el extremo de lo que podría considerarse
una competencia agresiva y la conformación de un monopolio, los dos
canales (de propiedad de dos grupos financieros teóricamente antagónicos)
crearon la Asociación Nacional de Canales Privados S.A., una empresa
para la comercialización conjunta de pauta publicitaria.
Desarrollado en los Estados Unidos con el nombre
de per share, el sistema adoptado por la Asociación de Canales Privados,
e individualmente por sus socios, les permite a sus clientes obtener
paquetes y cubrimiento en toda la programación de uno o los dos canales
y no exclusivamente de sus programas. Los concesionarios de la señal
del Estado no pueden utilizar este sistema, que implicaría la cesión
de la comercialización de todos los espacios a un solo operador y provocaría
la privatización indirecta de los canales del Estado, medida que hasta
ahora no está contemplada como posible salida a la crisis.
Durante el año 2001, los dos canales privados
de cubrimiento nacional controlaban más del 85% de la torta publicitaria
de televisión, condición que la Anda considera un "muy preocupante resultado
para la competitividad del mercado". Los espacios informativos de las
mañanas en los dos canales del Estado fracasaron en su primer año; en
el Canal A, a comienzos del año 2001, desaparecieron sus franjas informativas
del mediodía y al término del mismo no había ningún noticiero. En el
transcurso del año 2001, dejaron de emitir noticias en las dos franjas
de la noche el Noticiero 24 Horas, el Noticiero Nacional, Noticias de
la Noche, Noticiero de las Siete y En Vivo 9.30 P.M. La misma suerte
corrieron el Informativo Nacional, la Revista 24 Horas, el Noticiero
TV Hoy, Uninoticias y NTC Noticias. El Canal A, que en 1997 transmitía
cuatro noticieros diarios entre semana y tres en los fines de semana,
hoy no tiene ninguno. Junto con las empresas programadoras que habían
participado en la fundación y el desarrollo de la televisión en Colombia
(como JES, Cenpro, Punch y Tevecine), desaparecieron seis agencias de
publicidad y productoras de comerciales para televisión: Propaganda
Época, Contacto, Mercurio, Atlas, Esfera y Tema, mientras que otras
agencias y programadoras redujeron su personal en más de un 80% y se
convirtieron en casas de posproducción.
En resumidas cuentas, de los quince noticieros
que había al principio del año 2001, sobreviven dos: el Noticiero CM&,
que se renovó con la ampliación de su franja a dos horas, y Noticias
Uno, ambos en el Canal Uno, un experimento de asociación de pequeños
empresarios como respuesta a la información uniforme de los canales
privados, que representa la última esperanza de supervivencia para el
periodismo independiente en televisión.
A pesar de las consecuencias que la incursión
de los canales privados ha tenido sobre el resto de las ofertas de televisión,
existe el reconocimiento judicial de que sus pagos por la concesión
están por encima de las expectativas con las que se calculó el valor
de las concesiones. En un largo pleito dirimido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) concilió la devolución
de $12.000 millones al Canal RCN, admitiendo que había sobredimensionado
el valor de las licencias. Como consecuencia de esta decisión el Canal
Caracol y Citytv, concesionario del canal metropolitano de Bogotá, repitieron
el argumento contra la CNTV y esperan que este año se les devuelva una
cantidad de dinero similar.
En el análisis anterior aún falta por incluir
el impacto de la televisión satelital y por suscripción en el ámbito
nacional, así como la influencia de la televisión local (con ánimo de
lucro o sin él) y las estaciones comunitarias.
